Con 31 votos a favor, nueve por el rechazo, dos abstenciones y dos ausencias, se aprobó en sesión extraordinaria la pérdida de investidura del senador liberal llanista Dionisio Amarilla. El parlamentario fue despojado de su banca en la Cámara de Senadores este jueves acusado de tráfico de influencias.
Los senadores llanistas Abel González, Zulma Gómez, Blas Lanzoni, Blas Llano, Hermelinda Alvarenga, María Eugenia Bajac, Juan Bartolomé “Ancho” Ramírez, Fernando Silva Facetti, y el presidente del Congreso, Silvio Ovelar, colorado oficialista, fueron los que votaron en contra de la expulsión.
Las dilaciones para la expulsión
En un primer intento por salvar a Amarilla, sus colegas Hermelinda Alvarenga y Fernando Silva Facetti presentaron un proyecto de sanción al senador por 60 días, sin embargo, el proyecto fue girado a comisiones al no tener dictamen.
Así mismo, Amarilla presentó un pedido de prórroga de ocho días para presentar pruebas para su defensa. A pesar de una extensa apelación y del apoyo del oficialismo, la intención tampoco prosperó.
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La senadora patriaqueridista Georgia Arrúa sustentó el pedido de pérdida de investidura en el artículo 201 de la Constitución Nacional, sobre uso indebido de influencias.
En la exposición de los motivos, habló sobre la denuncia de que el parlamentario estaba buscando que su amigo Óscar Chamorro continúe como prestador de servicios para el Instituto de Previsión Social (IPS).
Sobre la intención de postergar el tratamiento de la pérdida de investidura, fueron los senadores cartistas quienes se opusieron a la propuesta.
Los senadores Sergio Godoy y Enrique Riera afirmaron que no era necesario tener ningún video, ya que el solo hecho de su presencia en dicha reunión daba pie al proceso para la expulsión.
A favor de Dionisio Amarilla
Entretanto, el senador Amarilla, quien se defendió ante cada alusión, negó que tenga vínculos con Óscar Chamorro, director de la empresa de seguridad Security Service Tecnology, así como que haya participado en las negociaciones con autoridades del Consejo del Instituto de Previsión Social.
“Es un montaje abierto, perverso. La pérdida de investidura se ha sustentado en argumentos falsos. Dionisio Amarilla Guirland niega rotundamente haber efectuado gestiones para que la empresa se termine beneficiando”, afirmó.
“Nunca me referí a la persona que me denunció y que publicó, en el medio de prensa al que pertenece. Llama la atención que no se haya denunciado a la Fiscalía a intervenir. No me cierra su montaje”, indicó.
En este punto, hizo referencia a la denuncia pública de un comunicador del diario Abc Color, que dijo que el congresista estuvo en una reunión previa a un pago que le hicieron para que “baje el tono” de sus publicaciones periodísticas.
Durante su alegato final, Dionisio Amarilla justificó que su intervención entre Óscar Chamorro, director de la firma Security Service Tecnology, y la productora Maria Luz Peña fue solamente para “mediar un trabajo de asesoría de comunicación”.
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Amarilla también recibió el apoyo de los senadores Fernando Silva Facetti, Enrique Baccetta y Silvio Ovelar, quienes no lograron influir en los votos ya definidos.
“En el relatorio se puede vislumbrar que él (Dionisio Amarilla) no cometió ningún delito. Tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado. No tenemos causales para sacarle su investidura, tenemos una grabación y una tapa de diario”, refirió Silva Facetti.
En el mismo sentido, Ovelar mencionó que el juicio a su colega se trataba de una injusticia. Agregó que no se considera ni hipócritica, ni sínico y que como parte de un “discurso impopular” abogaba por un liberal.
A su turno, nuevamente, Amarilla agradeció a presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a quien llamó estadista por haber liberado los votos al movimiento Colorado Añetete.
Finalmente, luego de que se haya escuchado por varias horas a la defensa, después de las 21.00 determinaron destituirlo de su cargo.
Denuncias en su contra
Además del escándalo por denuncia de uso indebido de influencia, para favorecer a una firma de seguridad con un contrato con el IPS, Amarilla cuenta con otras acusaciones en su contra.
El legislador fue denunciado por corrupción pública durante su gestión como administrador en la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Supuestamente, amasó una gran fortuna y sus bienes no coinciden con sus ingresos y los de su esposa.
El Ministerio Público inició una investigación al respecto, pero aún no fue designado un fiscal para el caso. Además, en julio del 2018, la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) presentó una denuncia formal contra el senador liberal por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
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El parlamentario también es vinculado con una empresa constructora BGF SA, que en los últimos cinco años firmó contratos por G. 122.000 millones con la Gobernación de Ñeembucú, cuyo titular es Carlos Silva, correligionario y cercano de Amarilla.
Informes de monitoreo de la organización Semillas para la Democracia e Idea Internacional también mostraron a Amarilla como uno de los políticos que más gastó en la campaña política. El estudio señaló que en un solo mes invirtió G. 1.800 millones.
La esposa del senador, Analy Valiente, fue la directora de Declaraciones Juradas de la Contraloría. El senador además logró ubicar a familiares y operadores políticos en puestos estratégicos, desde donde pudo manejar información sobre funcionarios públicos, incluyendo a sus colegas, como así también el control a la gestión de instituciones públicas.
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Amarilla nunca trabajó en el sector privado y fue administrador por más de 20 años de la UNA y de allí pasó al plano político. Fue diputado por el Departamento Central por el periodo 2013-2018 y este año llegó a la Cámara Alta.
Con su salida, el mismo se suma a los parlamentarios José María Ibáñez (diputado), Óscar González Daher, Jorge Oviedo Matto y Víctor Bogado (senadores) en salir del Congreso Nacional de una manera forzada, ya sea renuncia o expulsión, en este periodo parlamentario.
