En el Día Internacional de los Derechos Humanos, diferentes organizaciones sociales marcharon en horas de la mañana y la tarde por el microcentro de Asunción para repudiar diferentes hechos, como el atropello de comunidades campesinas e indígenas para el despojo de tierras, el abuso a niñas que son violentadas y embarazadas, como también la situación de miles de paraguayos que pasan hambre.
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También denunciaron que la corrupción impera en el Poder Judicial y que los poderes del Estado se encuentran secuestrados por la narcopolítica, además de sostener que los políticos utilizan sus cargos para engañar al pueblo y enriquecerse.
Esto fueron algunos de los puntos mencionados en un pronunciamiento en horas de la mañana por Ermo Rodríguez, del Partido Paraguay Pyahurã, y Teodolina Villalba, secretaria general de la Federación Nacional Campesina (FNC), quien habló en representación de las mujeres. También participaron Emiliano González, por la juventud, y Merardo Nequi, por los obreros y trabajadores.
González dijo que derechos fundamentales, como el derecho a la tierra, a la educación, al trabajo, son negados a la juventud.
Posteriormente, en horas de la tarde, diferentes organizaciones agrupadas en la Plataforma Social de DDHH, Memoria y Democracia marcharon también por el microcentro de Asunción, llegando hasta el Poder Judicial y el Partido Colorado, donde colocaron fotos de personas desaparecidas durante el stronismo, cruces de madera y arena roja, haciendo alusión a un cementerio.
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Este colectivo, entre los que se encuentran el Partido PMAS, CUT-A, Patria Nueva, la Confederación de la Clase Trabajadora, Codelucha, Joaju, Siprotrasopy, Conamuri, y Cultiva PY, entre otras organizaciones y sindicatos, denunciaron que durante el gobierno de Mario Abdo Benítez se profundizaron las prácticas stronistas.
También repudiaron los desalojos y la violencia contra los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y los asentamientos urbanos, al igual que la precarización creciente de las condiciones de vida y de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores de la ciudad y del campo.
De la misma manera, mencionaron que en el contexto de pandemia se está endeudando ferozmente al país, mientras el pueblo trabajador pasa todo tipo de penurias económicas.
En ese sentido, también repudiaron la desprotección de los trabajadores y artistas, la intolerancia, el odio y la agresión hacia las personas y colectivos TLGBI, la desprotección de las mujeres frente a la violencia, la reivindicación del servicio militar obligatorio, la criminalización creciente de las luchas sociales, campesinas, indígenas, obreras y estudiantiles.
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Entre otras cosas, expusieron lo que llamaron “la entrega” de Itaipú y Yacyretá y el desprecio hacia las personas víctimas del stronismo. Este colectivo sostiene que el stronismo sigue vigente en el país y que repite viejas prácticas.
Entre las exigencias se encuentran recuperar las tierras malhabidas para la adjudicación a las familias campesinas sin tierra y comunidades indígenas, “poniendo freno al poder latifundista y al extractivismo para avanzar en la reforma agraria integral y lograr un desarrollo inclusivo, sostenible, con soberanía alimentaria”.
Denunciaron además la existencia de presos políticos y pidieron avanzar en el juicio y castigo de los responsables de los crímenes de lesa humanidad y la apropiación de bienes públicos cometidos durante la dictadura stronista.
