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Codehupy señala que la salud está siendo precarizada para su privatización

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay, en el que habla de la salud, la situación de violencia hacia las mujeres, el derecho a la alimentación, la educación en pandemia, el campesinado y hechos de tortura.

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) sostiene que el sistema de salud está siendo deliberadamente precarizado, desfinanciado y mantiene inequidades sanitarias por cuestiones de género, clase social, etnia y territorio.

"A pesar de que la mayor parte de los países del mundo reconocieron la importancia de que la salud pública debe traducirse en sistemas públicos universales de salud, financiados con recursos del Estado en base a lógicas impositivas redistributivas, el Gobierno continúa con su plan de reforma privatista de salud, anunciada en 2019", señala.

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En ese sentido, detalla que el modelo se basa en el financiamiento por seguros de salud diferenciados en función de la capacidad de pago de la población y que algunos países que siguieron dicha lógica, como Colombia, Chile y México, entre otros, sufrieron efectos devastadores para el derecho a la salud.

Dossier - Informe DDHH 2020.pdf

"La reforma propuesta está orientada a ampliar la participación del sector privado como prestador de servicios, pero financiado con recursos públicos. Con esta reforma se pretende sustituir la gratuidad de la salud por la protección financiera de estratos más pobres; sustituir la universalidad del derecho de acceso de todas las personas en igualdad a la atención en salud según su necesidad particular, por la universalidad de las coberturas, un paquete de servicios mínimos para todas las personas", expresa.

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También menciona que Paraguay tiene una oportunidad única de construir un sistema de salud universal, gratuito, integral y de calidad, pero el Estado se desentiende de los aprendizajes que este año 2020 dejó al mundo con la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Violencia hacia las mujeres

Sobre la violencia hacia las mujeres, indica que la pandemia desnudó la precariedad del sistema de prevención y atención de la violencia hacia las mujeres.

"El encierro y el aislamiento en pandemia develaron las limitaciones de las instituciones para ofrecer servicios integrales de protección y atención en situaciones de violencia hacia mujeres y niñas. Bajos presupuestos, escaso personal calificado y ausencia de servicios, en especial en las áreas rurales", afirma.

Como datos, expone que 18.652 denuncias por presuntos hechos punibles de violencia intrafamiliar fueron ingresadas a la Fiscalía de enero a setiembre de 2020, mientras que 1.401 mujeres fueron atendidas entre enero y agosto en el Servicio de Atención a la Mujer (Sedamur), que brinda atención integral, información y asesoramiento a mujeres en situación de violencia doméstica e intrafamiliar y de género.

De igual manera, se registraron más de 10.000 llamadas por hechos de violencia en la línea SOS Mujer 137 y 2.208 denuncias por violencia familiar ingresaron a la Policía Nacional, de las cuales el 84% de los casos eran mujeres las víctimas y el 55,8% de los agresores eran parejas o ex parejas.

Situación alimentaria

En este punto, recalca que la crisis alimentaria ya existía y fue agudizada por la pandemia de Covid-19, a lo que se sumaron las crisis económica y climática, quedando en evidencia las falencias estructurales que impiden la vigencia de la seguridad y la soberanía alimentaria.

“Con más de 840.000 personas subalimentadas, y más de 2 millones en riesgo de estarlo, urgen medidas que garanticen la recuperación de la producción de alimentos diversificados y fomenten el acceso a los mismos por parte de la población más vulnerable, en lugar de favorecer desde el Gobierno un modelo social inaceptable, catalogado entre los más injustos del mundo, que propicia la implementación de un esquema productivo insustentable, que deforesta, contamina, expulsa y empobrece a millones de compatriotas, y perjudica especialmente a mujeres, niños y niñas, sobre todo campesinos/as e indígenas”, asevera.

La educación en pandemia

En el informe explican que el cierre de las escuelas implicó una crisis alimentaria para la mayoría de las familias que acceden a las escuelas públicas, ya que el acceso a nutrientes suficientes de muchas niñas y niños en edad escolar depende del programa de alimentación escolar.

“En el contexto del Covid-19, el MEC impulsó una propuesta de educación virtual dirigida a docentes y establecimientos escolares que no contaban con las experiencias ni con los recursos culturales y tecnológicos básicos para garantizar la continuidad pedagógica en entornos virtuales. Las situaciones de desigualdad profundizadas en el campo educativo muestran la ausencia de la perspectiva de derechos en el enfoque del MEC y en sus propuestas e iniciativas puntuales ante la pandemia”, revelan.

Hechos de tortura

Desde Codehupy remarcan que en los últimos 25 años la impunidad de la tortura fue el factor estructural que impidió erradicar la tortura y que la situación y los casos registrados en 2020 no dieron señales de cambio sustancial en este sentido.

“La emergencia sanitaria del Covid-19 y las medidas que se aplicaron para hacer respetar la cuarentena pusieron en evidencia cuestiones que pasan desapercibidas en el cotidiano: la arbitrariedad y el uso abusivo de la fuerza, así como la ausencia de espacios adecuados y dignos para la custodia policial. La tortura sigue presente en la práctica de las fuerzas públicas y la tolerancia oficial es un factor que alienta su repetición”, alegan.

Recuerdan también el hecho registrado por agentes de la Marina contra vecinos del barrio San Miguel de Ciudad del Este, en el mes de julio, el cual sigue sin ninguna persona imputada por las supuestas torturas, como golpes de puño, con cachiporras, mangueras o sogas, como también torturas con picana eléctrica y quemaduras con agua hirviendo.

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Entre las cifras, puntualizan que 8.634 personas fueron aprehendidas por la Policía Nacional hasta finales de agosto por trasgresiones al aislamiento sanitario y que 1.224 personas se encontraban en prisión preventiva en calabozos policiales al cierre del informe, una cifra récord que supera la capacidad de las dependencias.

Especifican en que en los últimos nueve años se registraron 1.308 denuncias por lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas y 150 denuncias por torturas ingresadas al Ministerio Público.

“El 75,5% de las causas ingresadas a la Unidad Especializada de Derechos Humanos se encuentran en etapa de investigación sin imputados y/o archivadas, es decir que las denuncias ni siquiera cuentan con una hipótesis investigativa formulada”, exponen.

Reforma agraria

Como último punto, tocan los 25 años de la reforma agraria, que describen que solo figura en los papeles.

“El territorio rural paraguayo ha demostrado ser esencial en la vida política, económica y cultural del país. Los últimos 25 años han tenido al campesinado, las y los terratenientes y al agroempresariado, así como a las instituciones agrarias y judiciales, en el centro de innumerables conflictos y disputas, no solo por la tierra, sino también por la forma de producción, la relación con el ambiente y el sentido cultural de la vida”, relatan.

Entre otras cosas, aluden que el Estado actúa como aliado de los intereses terratenientes y que la reforma agraria sigue siendo una deuda con el pueblo.

En el documento dejan en balance que el periodo analizado, de noviembre de 2019 a octubre del presente año, da cuenta de la continuidad de los problemas estructurales en el modelo y la política agraria, que derivan en el abandono estatal y múltiples carencias que afectan a la población campesina.

“La reforma agraria establecida en la Constitución Nacional, que no solo contempla una política de tierras, sino de asistencia integral, directamente no existe. La política de tierras es insignificante. La asistencia técnica, productiva y marginal es marginal. El presupuesto destinado al sector es escaso y de progresiva reducción. Los derechos del campesinado no son promovidos ni garantizados por el Estado”, finalizan.

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