En coincidencia con la recordación del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia solicitó al Congreso Nacional la creación de una Comisión Nacional para el estudio de los mecanismos de recuperación de las tierras malhabidas, identificadas en el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia del año 2008.
La organización pidió la creación de la figura de manera a recuperar las tierras malhabidas que se repartieron desde hace más de 30 años y su adjudicación a los sujetos de la reforma agraria para el restablecimiento del orden legal y legítimo de las tierras en el país.
Además, argumentaron que la Fiscalía no abrió ninguna línea de investigación respecto a ese esquema tan grave de corrupción, de malversación de tierras públicas que continuó funcionando luego de la caída política en 1989, del ex dictador Alfredo Stroessner.
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“Como sociedad no podemos seguir eludiendo y postergando la discusión democrática sobre las tierras malhabidas, pues constituyen el principal obstáculo para un sistema de gobernanza responsable de la tenencia de la tierra en el Paraguay, para la reforma agraria y el consecuente cumplimiento de los derechos campesinos”, señaló un documento de la organización presentado ante el Congreso.
La Plataforma Social de DDHH también presentó un escrito de anteproyecto para la creación de la Comisión, donde propone que la misma esté integrada por representantes de la Cámara de Senadores y Diputados, de la Procuraduría General de la República y del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
También sugirió a un representante de la Corte Suprema de Justicia, de la Dirección General de los Registros Públicos, del Servicio Nacional de Catastro dependiente del Ministerio de Hacienda, el Departamento de Agrimensura y Geodesia de Obras Públicas y el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).
Por otra parte, la organización agrega que la Comisión tendría que ser asesorada por referentes juristas especialistas en la temática y el periodo de trabajo no debe ser superior a un año.
Asimismo, pidió que se garantice la presentación de las conclusiones de la Comisión Nacional en audiencias públicas participativas, incluyendo la realización de audiencias departamentales.
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“La creación de una Comisión Nacional con las características propuestas generará una herramienta de trabajo institucional para encontrar soluciones viables a la problemática de las tierras malhabidas, con participación social. Se trata de un paso imprescindible para el cumplimiento del programa constitucional vigente sobre la reforma agraria, como derecho económico del campesinado y como base del desarrollo rural sostenible en un Estado social de derecho”, expresa el documento.
La propuesta solicitada al Congreso fue firmada por los representantes de la Plataforma Social de DDHH, Luis Lezcano Claude, Rogelio Goiburú, Alberto Alderete y Milena Pereira Fukuoka.
