En todo esquema de lawfare –instrumentalización de la justicia para acosar a adversarios políticos– son necesarios agentes fiscales dispuestos a hacer el trabajo sucio.
Por eso, cuando el JEM mandó el asunto al freezer y no hizo caso a los seis urgimientos presentados por el abogado Guillermo Ferreiro, muchos pensaron que simplemente dejarían prescribir el caso. Pero un encubrimiento tan burdo sería un escándalo. Optaron entonces por un procedimiento maquiavélico.
Trataron la denuncia el último día del plazo establecido y le dieron a la fiscala solo un apercibimiento, en vez de separar del cargo, a quien fue parte clave de una conspiración que montó falsedades para derribar a un intendente electo con el voto de 115.000 asuncenos.
Con esta estratagema anulaban la posibilidad de que el abogado de Ferreiro recurra ante la Corte Suprema pues, aunque la inconstitucionalidad prosperara y el juicio fuera anulado, la causa ya estaría prescripta. El diseño de la impunidad es perfecto, porque disminuye las críticas al JEM y deja más que satisfecha a la fiscala Stella Mary, disponible para nuevas batallas.
De hecho, ella conocía muy bien la estrategia utilizada. En junio del año pasado, el ministro de la Corte, Gustavo Santander, la denunció “porque solo hizo teatro” y no llegó a nada en los casos de Mocipar y Caja de Jubilaciones Bancarias, aplicando en ambos un esquema similar para simular una investigación.
El modus operandi para que los casos se extingan comenzaba con la imputación, seguida de un pedido de prórroga. Luego presentaba la acusación y pedía el sobreseimiento provisional en la audiencia preliminar.
La farsa continuaba con el pedido de reapertura del proceso el último día del plazo, ratificándose en la acusación. Lógicamente, la defensa pedía la extinción de la causa, ante lo cual ella se allanaba. Liquidado el tema.
El ministro Santander calificó de vergonzosa su actuación y sostuvo que solo aparentaba investigar. En noviembre pasado la Corte Suprema de Justicia la suspendió por mal desempeño.
Antes, el nuevo fiscal general, Emiliano Rolón, la había “degradado” al trasladarla a una pequeña unidad barrial. Pese a todo ello y a las acusaciones infundadas montadas contra Ferreiro, que casi lo condenaron a una muerte civil, hoy está contenta con el apercibimiento. El sistema no la ha dejado sola.
Votaron por un “castigo” tibio los colorados cartistas, Enrique Berni, Orlando Arévalo, Derlis Maidana y la doctora Alicia Pucheta. Muy previsible lo de esta última.
Por algo fue puesta en el Consejo de la Magistratura de modo atropellado, donde, minutos después de asumir, nombró decenas de jueces y fiscales afines al cartismo. De allí saltó al JEM, asegurando la mayoría absoluta de ese sector. Como los otros, votará tal como se indique desde el Quincho.
Este sistema de dominación es indiferente a los argumentos, lo vimos en el caso de la expulsión de Kattya González. No les importó que el preopinante Alberto Martínez Simón fundamentara los motivos por los cuales la fiscala actuó “con notoria negligencia y con un mal desempeño patente y alevoso”.
Sus explicaciones dejaron al desnudo una realidad aterradora: en el Ministerio Público están muchos de los más temibles aliados de la delincuencia de este país.
Aunque, como lo dije al comenzar el comentario, nada de esto es novedoso, el beatífico castigo impuesto a Stella Mary Cano es una advertencia.
Todos estamos en peligro. Los sicarios fiscales, que los hay –y los hay–, por montones, saben que tendrán el respaldo del JEM cuando le señalen la próxima víctima.
