La pregunta es retórica, sobre todo porque nadie la responde. Desde que el sitio El Observador reportó que seis ministros de la Corte se reunieron con Peña y Cartes en Mburuvicha Róga, sin figurar en agenda oficial, reinó el mutismo sepulcral. Los ministros visitantes tardaron una larga semana en admitir la existencia de la reunión, realizada en discreta nocturnidad. Hasta entonces, los legisladores y paraperiodistas del cartismo se burlaban de las crecientes publicaciones, tildándolas de ser solo una fábula. Aunque, sin embargo, llamaba la atención que la defensa oficial no fuera del tipo “Cartes jamás se reuniría con jueces”, sino ataques a la prensa por “difundir rumores”.
Cuando los miembros de la Corte se vieron forzados a admitir lo ocurrido, los perifoneros quedaron en offside. Los visitantes aceptaron que estuvo Santiago Peña, pero no hubo un desmentido categórico sobre la eventual presencia del presidente de la ANR. Nadie dijo un no con firmeza. Quizás por el temor de que apareciera alguna foto clandestina que avivara el escándalo. De hecho, la percepción popular era que si Cartes no hubiera estado, habría ya un comunicado indignado aclarando que se trataba de una mera reunión institucional entre dos poderes del Estado.
Las penosas excusas esgrimidas fueron inaceptables. Alegaron que el encuentro fue “administrativo”, hablaron de un “plan de caja” y de cuestiones tan nimias que en otro momento hasta hubieran sido graciosas. ¿Trataron el presupuesto cuando el mismo ya fue aprobado hace semanas? Vamos, esto tiene toda la cara de un pacto oscuro.
La selectividad de la convocatoria fue explicada de modo infantil. La Justicia paraguaya, tan rápida para notificar en un solo día a miles de víctimas de la mafia de los pagarés, no puede usar el WhatsApp para avisar a todos los ministros que hay una reunión con el presidente de la República. Vamos, esto tiene toda la cara de un trato sombrío.
Debe entenderse que la presencia o ausencia de Cartes no es un asunto trivial, sino un hecho con implicaciones políticas significativas. Que los jueces supremos se reúnan con el presidente de la República es justificable, aunque quedaría por explicar el secretismo y la falta de invitación a algunos de ellos. Pero que, en dicha reunión, estuviera el líder de Honor Colorado la convierte en un acto de sumisión y quiebre de la imparcialidad pocas veces visto.
Es muy difícil minimizar lo ocurrido. Se rozan violaciones constitucionales graves, relativas a la independencia del Poder Judicial. El rendir cuentas al jefe del partido de gobierno debe interpretarse como un acto de subordinación, más propio de operadores políticos que de jueces. Si, además, como se sospecha, se negociaron fallos contra políticos opositores a cambio de mantener sus “feudos” –las superintendencias del interior– estaríamos ante un esquema de tráfico de influencias.
La foto que no vimos –pero que quizás exista– destruye la narrativa de que Peña es quien gobierna. Fue una audiencia con el “patrón”. Aunque no haya foto, han quedado muchas “huellas dactilares”. En el submundo de la política paraguaya, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, especialmente cuando el silencio es tan ruidoso.
Para empeorar la impudicia, todo esto ocurre casi simultáneamente con la filtración de los audios en los que Pedro Ovelar, abogado de Cartes, habla con naturalidad de “poner” ministros en la Corte y de manejar los hilos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para proteger o castigar jueces. Es el administrador del lawfare criollo no tiene cargo público, pero sus escritos judiciales no suelen ser peticiones, sino instrucciones. Ovelar es otro que tiene problemas con el WhatsApp. A menudo se le filtran audios, como los que se volvieron célebres el año pasado con el fiscal Aldo Cantero en los que instruía a fiscales sobre a cuáles enemigos del cartismo debían imputar.
¿La Corte convertida en una simple secretaría jurídica del quincho? Si lo que la prensa sospecha es cierto, hay que admitir que Stroessner guardaba más decoro.
