En el pronunciamiento, los abogados manifiestan que no existe prohibición expresa referente al derecho a la defensa, motivo por el cual alegan que este no puede ser negado o coartado por los decretos emitidos durante la cuarentena sanitaria.
Sin embargo, los abogados aclaran que “venimos a desistir expresamente a nuestro derecho a apelar”.
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En ese sentido, el abogado Daniel Martínez Yubero, uno de los que habían firmado la solicitud, explicó a Última Hora que consideran que la presentación del amparo “ya ha instalado el debate sobre las violaciones constitucionales que se estaban ejerciendo en las barreras”.
En el escrito, los abogados afirman sentirse satisfechos con las repercusiones que se generaron en la comunidad jurídica tras presentar la acción de amparo.
Además, señalan que consiguieron el pronunciamiento favorable de dos miembros de la máxima instancia judicial, citando a la ministra Carolina Llanes y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón.
Los abogados refieren que tanto Llanes como Martínez Simón se habían mostrado a favor de que los abogados puedan salir de sus casas, siempre y cuando transiten con la matrícula correspondiente y justifiquen su destino.
Así también, afirman que, gracias al debate ocasionado, los representantes del Ministerio Público cambiaron la forma de intervenir en las barreras de control. Como ejemplo, mencionan a la agente fiscal Teresa Sosa, “quien defendía antes de la presente acción que los abogados no podían circular libremente”, pero que posteriormente declaró que “el derecho a elegir un abogado tiene rango constitucional”.
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Por último, indican que desde el Ministerio de la Defensoría Pública se respeta el derecho a las personas a ser asistidas por defensores de su elección.
“Esto nos hace suponer que hemos cumplido con el cometido de conseguir que las autoridades se pronuncien con relación a estos puntos que se encontraban ocultos y generaban controversias dentro de los decretos presidenciales”, concluye el escrito.
