En primer lugar, el interventor Carlos Pereira informó que la Comuna alberga a 9.119 funcionarios y que existen direcciones en donde se puede encontrar a 5 personas trabajando cuando deberían encontrarse 42.
La directora interina de Recursos Humanos, Emi Moriya, contó que la tecnología dentro de la institución es deficiente, que el control de los funcionarios se realiza manualmente y que existe una normativa que permite que directores y asesores no estén obligados a marcar asistencia.
El director interino del Mercado 4, Alejandro Buzó, señaló que el sistema de red de protección de incendios que debía financiarse con el bono G7 (2021, G. 200.000 millones) sigue detenido en el proceso de aprobación de planos, luego de más de cuatro años del préstamo.
En medio de los trabajos de verificación realizados por el equipo de la intervención, han saltado denuncias por parte de comerciantes que aseguran que hay funcionarios municipales que realizan amenazas y recaudan irregularmente.
Caja paralela. Desde la Municipalidad confirmaron que existen funcionarios que realizan “aprietes” y que recaudan de forma paralela a través de engaños.
Durante la intervención también se han registrado manifestaciones de funcionarios y jubilados que exigen el pago de cerca de G. 18.000 millones. Funcionarios de Afuma, por su parte, reclaman el pago de G. 12.000 millones por pago de cuotas atrasadas desde mayo al gremio.
La Municipalidad ha informado de su falta de disponibilidad financiera para afrontar sus compromisos. El director interino de Finanzas, Víctor Gamarra Popoff, informó que por préstamos a tres bancos se debe G. 65.000 millones.
A esto se deben sumar más de G. 50.000 millones solo por los intereses vencidos de los bonos. Parte del dinero de los bonos fue desviado por la administración de Óscar Nenecho Rodríguez para el pago de salarios, según el interventor.
En total, la suma de bonos a pagar asciende a G. 1,6 billones, incluyendo intereses y pagos de capital. Esta deuda debería terminar de pagarse el 18 de junio del 2035.
Reestructuración. El interventor indicó que a las deudas que pesan sobre el municipio se suman montos considerables por pago a proveedores. El director de Finanzas precisó que existe una deuda de más de G. 30.000 millones con proveedores de cemento, piedra triturada, mantenimiento de vehículos y combustible.
Esta situación financiera ha empujado al interventor a “buscar bajo la alfombra” los tributos que el municipio aún se encuentre habilitado para cobrar, como es el caso de las cuentas de orden, donde se registran G. 1.519 millones por tributos no cobrados.
Consultado por la deuda con los proveedores, Pereira informó que semana a semana se realizan conversaciones para asegurar la provisión.
“Ellos por suerte son muy razonables, nos dicen que por lo menos se pague lo que representa la nómina y el mantenimiento. Es una factura grande, (pero) nos cobran lo que les costaría también a ellos mantener”, aseguró.
“Así estamos dosificando”, dijo, y añadió que para atender la deuda con bancos y por bonos, prepara una recomendación financiera que formará parte de su informe final.
