El Washington Post publicó recientemente una investigación sobre llamativos acuerdos presentados por representantes del presidente Juan Guaidó, con el objetivo de recuperar parte de los activos en el exterior de Venezuela, como deudas contraídas con la petrolera estatal Pdvsa, entre ellas, la de Paraguay, de USD 269 millones aproximadamente.
Estos acuerdos, según el diario estadounidense, buscaban recaudar dinero público venezolano por parte del “gobierno interino” de Guaidó en Venezuela. Los activos supuestamente alcanzaban USD 40 mil millones y consistían, entre otras cosas, en acciones de empresas, propiedades y deudas no cobradas a la compañía petrolera estatal venezolana.
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En contacto con Telefuturo, Juan Ernesto Villamayor, jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, explicó que el funcionario y comisionado por Juan Guaidó, Javier Troconis, le había solicitado una entrevista donde, en compañía del abogado argentino Sebastián Vidal, le hablaron sobre la idea de avanzar en la deuda que reclama Pdvsa a Petropar.
Villamayor indicó que el pedido de recibir a Troconis fue realizado por el propio Juan Guaidó, mediante una carta dirigida al presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
En ese sentido, expresó que con el acuerdo Paraguay no tendría que hacerse cargo de los gastos y no reconocía ningún tipo de interés, además de que se realizaba una quita del 50%, lo que sería beneficioso para el país.
No obstante, aseveró que les manifestó que no era posible avanzar sobre un acuerdo, ya que el acreedor no estaba identificado con precisión.
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“Petropar había recibido una demanda arbitral por parte de Pdvsa que radica en Paris y yo tenía que llegar a un acuerdo con Pdvsa Guaidó”, aclaró Villamayor sobre el acuerdo ofrecido por los representantes de Guaidó.
Asimismo, manifestó que carece de sentido y que no se puede trastocar la representación jurídica, más allá del reconocimiento como presidente a Guaidó.
“La propuesta es tremendamente conveniente para el Paraguay, no es menos cierto que no es jurídicamente practicable”, remarcó.
Entre otras cosas, sostuvo que mientras el conflicto no se resuelva, no hay manera de pagar nada a Venezuela.
También detalló que el borrador tiene los nombres de los funcionarios venezolanos que iban a firmar, pero no de ningún funcionario paraguayo.
Sobre una comisión de USD 23 millones para el abogado Vidal, indicó que Venezuela es el que debía reconocer eso y no Paraguay.
Finalmente, comentó que en el mes de marzo del 2020 Guaidó le pidió que reenviara el borrador, el cual fue rechazado por el ex fiscal general José Ignacio Hernández, quien renunció en el mismo mes y advirtió de las irregularidades, como una comisión del 20% para el abogado.
