El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, mantuvo, este lunes, una reunión con el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y la viceministra de Capital Humano del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Andrea Picasso, con el fin de ultimar detalles sobre la implementación de la polémica nueva Ley Nº 7445/2025, “De la Función Pública y del Servicio Civil”, que entrará en vigor el próximo 17 de julio.
La norma busca garantizar que la profesionalización sea la base de una administración pública más moderna y eficiente.
Esta iniciativa había generado un amplio rechazo por parte de los gremios de funcionarios estatales y contó, además, con la resistencia del Poder Legislativo, que se excluyó de los alcances de la normativa, al igual que el Poder Judicial y otros estamentos del Estado, restando así fuerza y alcance a esta propuesta del Ejecutivo.
La viceministra Picasso brindó detalles sobre los principales ejes de la mesa de diálogo, destacando la importancia del trabajo coordinado entre instituciones ante la inminente entrada en vigencia de la normativa.
“Solicitamos este espacio de diálogo ante la próxima vigencia de la Ley de la Función Pública y la carrera del Servicio Civil, una norma clave para el fortalecimiento del Estado, y que tiene un alcance a todas las instituciones públicas”, explicó.
Manifestó que el objetivo de esta reunión es generar espacios de entendimiento entre los actores institucionales: “Cada autoridad de aplicación deberá reglamentar la ley en su ámbito. Por eso, estamos dialogando con representantes de diferentes instituciones públicas”, expresó.
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Componentes de la ley
Picasso señaló que la ley se divide en dos componentes principales: Función pública y carrera del servicio civil.
“El procurador presentó las principales innovaciones, los principales cambios que esta nueva ley tiene, mientras que yo profundicé en los aspectos relativos a la carrera del Servicio Civil”, refirió.
La ley tuvo varios cuestionamientos por parte de diferentes gremios. Además fue modificada por los legisladores, estableciendo un blindaje para el Congreso que no impediría el prebendarismo ni el nepotismo que reinan en dicha sede, donde se ubican parientes, amigos, amantes y hurreros, generando un aumento sinsentido de personal sin funciones reales, según las denuncias de varios sectores.
