La rotonda de Coronel Oviedo fue el punto de encuentro de representantes de varias organizaciones sociales y políticas del Departamento de Caaguazú para repudiar el plan de recuperación económica y de reforma del Estado impulsado Gobierno Nacional.
Los principales oradores del mitín coincidieron en que los verdaderos intereses de la clase popular no serán beneficiados, más bien se resguarda los intereses de la clase gobernante.
“El plan de recuperación económica Ñapu’ã Paraguay y de reforma para la transformación del Estado, presentado por el Gobierno de Mario Abdo Benítez, representa un gran engaño al pueblo paraguayo porque en el fondo es un mecanismo para que nuevamente se faciliten la corrupción y el saqueo de los recursos del Estado”, dijo Juan Ovelar, dirigente de la Federación Nacional Campesina del quinto departamento.
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Esta convocatoria fue realizada por el Partido Paraguay Pyahurã (PPP), la Federación Nacional Campesina (FNC), la Corriente Sindical Clasista (CSC), la Juventud Paraguay Pyahurã (JPP) y el Frente Mujer del Partido Paraguay Pyahurã.
Al mitín de Coronel Oviedo se sumaron otros como los realizados en la plaza Mariscal López de Santaní, Departamento de San Pedro; en la Plaza 34 Curuguateños de Curuguaty, Departamento de Canindeyú; en la plaza de Santa Rosa, Departamento de Misiones; en las plazas Antequera y Castro de Horqueta y Agustín Fernando de Pinedo de la ciudad de Concepción, Departamento de Concepción; y plaza Libertad de Villarrica, Departamento de Guairá.
El plan estatal contempla una inyección total de USD 2.513,6 millones basados en tres ejes: protección social, inversión en obras y créditos para el desarrollo. El propósito es dividir en dos la estrategia.
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Por un lado, un proyecto de ley para obtener la autorización para las inversiones de capital, segmento en el que se incluyen las obras de infraestructura, viviendas y fondeos al Crédito Agrícola y al Fondo Ganadero. Esto demandará créditos por USD 170 millones.
Mientras que la transferencia al Instituto de Previsión Social (IPS) para fortalecimiento institucional y modificaciones en el ámbito laboral. Esta parte del plan costará USD 180 millones, según informaron desde el Ministerio de Hacienda.
