La causa investigada por el fiscal Alejandro Cardozo se originó a raíz de una incautación en Brasil de 42 armas de fuego tipo pistola, marca Emtan, modelo Ramon, calibre 9 mm, durante procedimientos realizados por autoridades brasileñas, que detectaron que el armamento tenía origen legal paraguayo.
De acuerdo con los antecedentes, todo lo decomisado había sido importado legalmente al Paraguay por Camping 44 SA, que cuenta con la documentación de ingreso expedida por la Dirección General de Material Bélico (Digemabel).
En esta primera etapa, el proceso de importación cumplía formalmente con los requisitos administrativos exigidos por la normativa vigente. No obstante, el avance de la investigación reveló que las irregularidades no se concentraron en el ingreso del material, sino en su posterior comercialización y control interno.
El análisis documental y de trazabilidad permitió a los investigadores detectar inconsistencias en la cadena de la compraventa. En particular, se verificó que al menos dos armas del lote habrían sido vendidas de forma irregular a través de la casa comercial identificada como RC.
Estas operaciones presentan desajustes temporales y administrativos entre la venta a compradores finales, las transferencias entre firmas y la fecha en que el armamento fue finalmente incautado en Brasil, lo que refuerza la hipótesis de un desvío deliberado.
Para el Ministerio Público, estas irregularidades evidencian fallas graves en los mecanismos de control y custodia, que habrían facilitado que armas adquiridas dentro del sistema legal terminaran alimentando circuitos ilícitos de alcance transnacional. El hecho de que el material bélico haya sido recuperado fuera del país no solo agrava la situación, sino que instala el caso en una dimensión regional, vinculada al tráfico ilegal de armas.
En la causa figuran como investigados varios actores con implicancia directa en la cadena de importación, gestión y venta. Eduardo Kurt Kemper, representante legal de Camping 44 SA, es señalado como responsable de la importación, el registro y la custodia inicial del armamento ante la Digemabel.
Su rol resulta central para establecer cómo se resguardó –o se vulneró– el control del material bélico una vez ingresado al país.
Detenidos por el caso en Central
Nelson Osmar Rizzi, gestor de la importadora, fue detenido en un allanamiento paralelo realizado en la ciudad de San Lorenzo, del Departamento Central, que los investigadores presumen sería el enlace principal entre los envíos de armas de fuego al exterior y conexiones con empresas de importadoras que tienen la relevancia en cuanto a las armas de fuego.
También aparece como investigada Tamara Recalde, ex gestora de Camping 44 SA, con intervención en trámites administrativos y en el uso del sistema SID, operando con el usuario “TRECALDE” para la gestión de armas de fuego.
La participación de la mujer es analizada en relación con los movimientos administrativos que permitieron la comercialización del lote bajo investigación. Fue detenida en un allanamiento paralelo en la ciudad de Limpio, Central.
Por su parte, Osvaldo Ramón Cantero Benítez, representante legal de la casa comercial RC, se encuentra vinculado a la venta de armas al público y a las operaciones específicas que presentan irregularidades. Finalmente, la investigación individualiza a compradores finales, entre ellos Evaristo Caballero y Fernando Rubén Fretes Villalba, quienes figuran como adquirentes formales y cuya actuación es examinada para determinar responsabilidades penales.
