El uso de drogas aún se encuentra estigmatizado en Paraguay y su abordaje se enfoca, más bien desde un paradigma represivo, asimilando a la persona que está en situación de consumo con un delincuente, mientras que no se distingue las causas, ni se separa el abordaje de la oferta, por un lado, que, debe realizarse desde la persecución penal y la demanda, por el otro, que corresponde al ámbito de las políticas públicas de salud. Así, una persona que usa drogas es un sujeto que debe tener respuesta desde el sector salud.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) en sus visitas de monitoreo ha constatado que las personas afectadas en su libertad que usan drogas, que se encuentran en distintos espacios de privación o afectación a la libertada como centros educativos, penitenciarias, lugares de internación e incluso fuerzas públicas, no son visualizadas como sujetos de derechos. Igualmente, si bien en el país se han hecho esfuerzos por abordar la problemática con políticas específicas como el Plan Sumar, aún sigue vigente el enfoque descrito que estigmatiza y no termina de instalar la cuestión como una problemática de salud pública, una manifestación de ello es que la coordinación del programa se encuentra a cargo del Ministerio del Interior, lo cual refuerza la mirada que enfatiza el problema como una cuestión de seguridad y no de salud pública.
A la par, se encuentra en un proceso de reforma de la Ley Nº 1340/88, que modifica, amplia y actualiza la Ley N° 357/72, esta normativa que data de décadas pasadas, con un paradigma represivo, deja desprotegidas a las personas más vulneradas de la cadena, y, actualmente está afectando de manera especial y severa a las mujeres. El proceso de reforma se observa más centrado en el ámbito de justicia, sin poner de todo el foco en la persona, si bien, el MNP ha remitido una opinión, no cabe la certeza de que sea considerada en su totalidad.
La situación de adicción requiere de un abordaje integral, que solo puede otorgarse desde el ámbito de la salud, y el Estado debe asumir esta responsabilidad.
Las entidades privadas que abordan la problemática, deben indefectiblemente cumplir los estándares normativos y en todo caso, optar por el apoyar en la etapa de la reinserción, más que en la atención o rehabilitación, siendo estas, etapas que requieren un abordaje sanitario y son exclusivas de actores especializados.
El abordaje a la persona que usa drogas no puede ser contraria a derechos, priorizar el encierro ni justificar prácticas deshumanizantes. En los lugares de internación para personas en situación de consumo problemático que ha visitado el MNP, se ha observado:
• Ausencia de registro ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
• Ausencia de un paradigma para la atención integral de las personas en situación de consumo problemático de sustancias.
• Afectación a la libertad, ausencia de autonomía, de libertad religiosa y de contacto con la familia y la comunidad.
• Tratos inhumanos y degradantes.
El MNP considera como una tarea prioritaria a cargo del Estado, revisar la política de drogas separando la respuesta a la oferta de la respuesta a la demanda; impulsar la transformación de los lugares privados que hoy trabajan en la temática; especializar a los profesionales del ámbito de la salud y brindar apoyo a las familias para que conozcan los pasos hacía la rehabilitación.
