Paraguay enfrenta una de las crisis más graves en su sistema penitenciario: cárceles saturadas, personas privadas de libertad sin una condena firme y condiciones debilitadas para garantizar la dignidad humana. Los recientes operativos de censo judicial en Tacumbú y los informes oficiales revelan una realidad preocupante que exige acciones urgentes.
El lunes 13 de octubre de 2025, 46 jueces del Poder Judicial ingresaron a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú para realizar un censo judicial de las personas recluidas —condenadas y procesadas—a fin de verificar su situación legal concreta. Según el Ministerio de Justicia, el penal alberga actualmente 2.151 personas privadas de libertad.
La realidad es dramática: la capacidad oficial del penal es de 1.530 plazas, mientras que, según estándares del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), su límite ideal sería de apenas 480 plazas. En consecuencia, Tacumbú excede su capacidad en más del 100% (incluso según los criterios más exigentes), lo que deriva en hacinamiento severo.
Durante el censo, se evidenció otro síntoma de abandono institucional: muchos reclusos consumen sus alimentos en botellas de plástico o cartones reciclados, ante la falta de cubiertos. Por esa razón, los jueces aportaron más de 2.200 tuppers y vasos como gesto simbólico de humanización del encierro. La tarea de censar es, además, un paso indispensable para lograr la descongestión penitenciaria, redefinir el destino de internos y promover la revisión de casos rezagados.
Uno de los indicadores más alarmantes es el elevado porcentaje de personas que languidecen en prisión sin una sentencia definitiva. De acuerdo con el “Resumen Estadístico del Ámbito Penitenciario” del MNP (agosto de 2025): entre los hombres adultos privados de libertad, el 61,6% (11.319 personas) están en calidad de procesados, sin condena firme; solo el 38,4% son condenados. En el caso femenino, la situación es más equilibrada, aunque la proporción de condenadas es ligeramente superior (53%) frente a procesadas (47%). Entre los adolescentes en conflicto con la ley, la provisionalidad es aún más acentuada: el 74% de los varones están en situación de prevención, frente al 26% sancionado.
Estos datos exponen una falla estructural del sistema penal: la prisión preventiva, concebida como medida excepcional, se convierte en la regla de facto para muchos casos. Cuando más de la mitad de la población carcelaria no tiene condena, el principio de presunción de inocencia y la garantía del debido proceso se ven seriamente erosionados.
Los datos de instituciones públicas, medios de prensa y organizaciones no gubernamentales muestran que el problema trasciende Tacumbú: La capacidad recomendada para todo el sistema penitenciario, tomando como base los estándares mínimos, es de 4.310 reclusos. Sin embargo, casi 19.500 personas están privadas de libertad en todo el país.
El reciente censo en Tacumbú no debe verse como un acto aislado, sino como un aviso urgente de que el sistema carcelario paraguayo está al borde del colapso. Más de la mitad de quienes están recluidos no han sido condenados, y muchas cárceles funcionan con índices de ocupación múltiples veces superiores a su capacidad.
Construir espacios nuevos y firmar convenios son pasos necesarios, pero insuficientes si no van acompañados de una transformación del enfoque del sistema penal: priorizar la prevención, garantizar el debido proceso, aplicar alternativas viables a la prisión preventiva y humanizar el encierro. Si no se atiende esta crisis con voluntad política, transparencia y recursos sostenibles, el sistema penitenciario seguirá siendo un foco de injusticia y vulneración de derechos.
