La senadora Yolanda Paredes, el constitucionalista Hugo Estigarribia y la abogada experta en DDHH Alejandra Peralta Merlo coincidieron en señalar que el proyecto de ley, que modifica el artículo 8 de la Ley 609/95, “Que organiza la Corte Suprema de Justicia y deroga la Ley 7058/2023”, será un “duro revés” y un “gran retroceso” para la democracia y las conquistas logradas en acceso a la información pública.
La propuesta plantea retornar al voto secreto, eliminado en el 2023, para elección de autoridades, así como también descarta el límite impuesto en mandatos en circunscripciones departamentales. Mencionaron que esto facilitará la conformación de mafias judiciales en los distintos departamentos.
Paredes indicó que eliminar el límite impuesto en mandatos en circunscripciones judiciales es el caso más delicado de la iniciativa.
“Es una mafia organizada entre jueces, fiscales, abogados, ministros de tribunales y, por supuesto, abogados del sector privado. Elaboraron un componente antilegal dentro de las diferentes jurisdicciones y se apoderan del departamento, capturando por supuesto los casos más grandes, el perjuicio total de los abogados de dicha área”, refirió.
“Yo tengo el ejemplo de Alto Paraná. Durante años fue, por ejemplo, Sindulfo Blanco. Así que tuvieron su grupo organizado donde capturaron los negocios más grandes. Alto Paraná es la ciudad económica más importante del país donde se genera la mayor riqueza”, remarcó la legisladora.
“Por supuesto que capturaron los casos judiciales más grandes allí. Así que el hecho de que hoy, por ejemplo, es César Diesel quien está en esa posición y con esta nueva ley, tendrían que rotar. Por eso la urgencia que tienen”, explicó.
Al igual que a ambos abogados, a la parlamentaria le genera muchas dudas que la iniciativa parta de los propios senadores oficialistas, y no de los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
“Zacarías Irún fue el que pidió su tratamiento en 15 días, porque lo que no quieren es llegar en febrero con esta ley vigente. Porque ¿qué dice la ley actual? La ley actual dice que los presidentes y las conclusiones judiciales deben durar dos años en sus posiciones y pueden ser reelegidos, pero alternativamente. Así que los ministros de la Corte están acostumbrados a poseer durante años, décadas, una circuncisión y con esta nueva ley la delimitan a dos años y la hacen rotar”, expresó.
“Este proyecto que está en el Senado y que está siendo estudiado en comisiones, ningún ministro ha aparecido para dar la cara. El único que da la cara es Javier Zacarías Irún, y todos están tranquilos. Sin embargo, están tratando de forzar esa aprobación”, añadió.
Sostuvo que la única manera de luchar contra estructuras corruptas y clanes mafiosos es rotando las personas.
“Lo que pienso es que no debemos centrarnos solo en uno de ellos, sino que este proyecto de ley tiene dos aristas muy importantes, y que hacen transparente el manejo del Poder Judicial y las prácticas democráticas”, alegó.
La congresista consideró un duro revés que la Corte Suprema de Justicia busque a expensas del cartismo que su votación sea secreta.
“Para mí constituye un revés para que la votación se convierta de nuevo en un secreto para la elección del presidente y el vicepresidente. Aunque la Constitución Nacional garantiza el voto secreto, fue una conquista, digamos, de la democracia haber logrado que el voto sea oral. Al final, lo que me garantiza es transparencia. Y hoy, para mí, es volver atrás, volver atrás en términos de volver a ser secreto. Me parece que la mejor señal de una república democrática es que las autoridades del máximo órgano judicial son elegidas por voto nominal”, indicó.
TUFO. Para el abogado y ex senador Hugo Estigarribia, este proyecto de ley tiene olor a acuerdo político. “El problema acá es el tufo a que hay algún acuerdo con algunos sectores políticos de parte de autoridades del Poder Judicial, y eso no queda bien realmente. No entiendo por qué tendría que haber secreto si el voto va a ser expresado finalmente en la sentencia, repito. Al contrario, la transparencia tiene que ser en interés del Poder Judicial, más aún que el talón de aquiles, nuestra democracia es la justicia”, manifestó.
“Es categórico que es la justicia, porque por la impunidad hay corrupción y la corrupción abunda cuando hay impunidad. ¿Y dónde está la impunidad?, ¿y está en el Poder Judicial? Entonces el Poder Judicial tendría que ser el primer interesado”, resaltó.
Indicó que fue una gran conquista de la democracia que el voto sea público. “No veo cuál es la dificultad que el voto de los ministros de la Corte sea público, porque no hay nada secreto en una presión que después va a ser reflejada en la sentencia que esté escrita. Así que me parece que es un retroceso. Conseguir que esto sea público va de la mano de que sea público el artículo 28 de la Constitución Nacional y de la reglamentación que es la ley de acceso a la información pública. Es el derecho que tiene el ciudadano a conocer los actos de su autoridad, en este caso su autoridad jurisdiccional, que es el Supremo Tribunal, la Corte Suprema de Justicia. Creo que este proyecto de ley me sorprende. Primero que sea presentado por senadores, pero beneficia a los ministros“, dijo.
llama la ATENCIÓN. Peralta dijo que llama la atención que el proyecto de ley ni siquiera haya sido presentado por miembros de la Corte.
“Esto evidentemente al pretender que la votación sea secreta, entonces va a impedir que la ciudadanía conozca el debate que motiva a los ministros de la Corte a elegir a su presidente y vicepresidente. Y también va a impedir que la ciudadanía pueda enterarse de la elección que se hace, de quién, de qué ministro va a representar en qué jurisdicción territorial del Paraguay”, consideró.
“Es sumamente importante saber si ese ministro que va a representar o va a tener, digamos, competencia en cuanto a una jurisdicción determinada del territorio nacional, no tiene algún tipo de injerencia política de políticos que gobiernan en la zona. Es muy importante que la ciudadanía conozca el debate que se da en el seno de las audiencias de la Corte Suprema de Justicia a través de la publicidad que viene realizándose de acuerdo a la ley vigente desde el 2023. Sin embargo, al modificar esto, entonces va a dejar en total secretismo cualquier debate que se dé en el marco de esas audiencias de la Corte Suprema de Justicia”, indicó.
Mencionó que esto puede ser solamente el inicio o la mecha que se está encendiendo para que posteriormente se presenten nuevos proyectos de leyes que impidan que la ciudadanía pueda conocer el debate que se da, ya sea por parte de los ministros de la Corte o tal vez por parte del Congreso Nacional. “Y evidentemente esto va a hacer que retrocedamos en la historia, que volvamos en el túnel del tiempo y que estemos como estábamos hace diez años o más de diez años antes de la promulgación de la ley de acceso a la información pública”, dijo.
