En una semana marcada por el fervor religioso en Caacupé y la tensión social en San Pedro, dos voces parecen dialogar a través del tiempo y la geografía, exponiendo una herida que sigue abierta en el Paraguay del siglo XXI: La cuestión de la tierra. Por un lado, ayer, desde el púlpito, la crítica profética de monseñor Mario Melanio Medina denunciaba la “normalización de la corrupción” en la venta de tierras fiscales y la “defensa de lo indefendible”. Por otro lado, desde el karaku del conflicto en la estancia Lucipar, el desesperado avance de campesinos que claman por un derecho constitucional largamente postergado, la reforma agraria, cada vez más urgente y necesaria.
Estos dos hechos, aparentemente distantes, son las dos caras de una misma moneda de desigualdad. El obispo emérito pone el dedo en la llaga de la desnaturalización de la riqueza, señalando cómo una economía que debería ser “humanista y solidaria” para todos, se convierte, en la práctica, en un mecanismo de exclusión. Su homilía saca a la luz un sistema en el que la política parece reducirse a proteger intereses, como en el cuestionado caso del Indert, mientras “el bien común más fundamental no existe para la gran mayoría”.
Mientras Medina hablaba de la pérdida del poder adquisitivo y de la carne inalcanzable para Navidad, un día antes, en San Pedro la crisis se manifestaba de forma más visceral y violenta. La estancia Lucipar, un símbolo potente de la conexión entre latifundio, poder e ilegalidad (por su vínculo con el narcotraficante Cabeza Branca), se convirtió el viernes en el epicentro de un choque entre la demanda histórica de tierra y un Estado que responde primariamente con violencia. Mientras, los gremios agropecuarios intentan reducir este conflicto estructural a un problema de “seguridad jurídica” y “orden”, criminalizando la protesta y omitiendo deliberadamente el origen turbio de muchas grandes propiedades.
Este discurso, que pretende blindar el statu quo, choca frontalmente con la realidad que describe Medina: Un país con un Estado ausente en sus funciones esenciales, donde “la falta de políticas públicas” y la “pérdida de la ética” son un “grave pecado”. Se trata de (siete) décadas de promesas incumplidas, de tierras públicas malvendidas, de un Indert cuestionado y de un INDI casi “inexistente”, como lamentó el obispo.
El mensaje final del prelado en Caacupé es una advertencia que resuena con ecos de urgencia ante los hechos de San Pedro: “El aguante, la tolerancia tiene su límite”. No se puede pretender paz social mientras se ignore la raíz del conflicto. Criminalizar a los campesinos sin abordar la concentración ilegítima de la tierra y la corrupción en su administración es aplicar un vendaje a una hemorragia interna.
Es imperativo un replanteamiento de fondo. Necesitamos, como sociedad, tener la valentía que el monseñor pidió a la Virgen en su oración final: Para abordar estos problemas “sin escrúpulos, sin miedo”. Esto implica auditar con transparencia el destino de las tierras fiscales, revisar seriamente los casos de propiedades de origen dudoso y destrabar una reforma agraria que sea más que un discurso en el país de las 8.000 hectáreas de tierra malhabida y quién sabe cuánto más en manos del narco. De lo contrario, seguiremos oscilando en el limbo de las cosas sin resolver, nuestro casi eterno problema de fondo: El de la tierra negada.
