El Encuentro Internacional sobre Evidencia Digital e Inteligencia Artificial para la Prevención e Investigación del Lavado de Dinero se llevó a cabo del 12 al 16 de enero de 2026 en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Este evento se consolidó como un espacio estratégico de formación y actualización para profesionales de la justicia frente a la criminalidad económica transnacional.
El propósito principal fue generar un intercambio académico y profesional sobre instrumentos jurídicos, técnicas y herramientas tecnológicas (como la IA) para detectar e investigar el lavado de activos y delitos relacionados con la delincuencia organizada.
Los ejes centrales incluyeron: Uso de inteligencia artificial y evidencia digital. Análisis de criptoactivos y su uso criminal. Preservación de la prueba digital y cooperación internacional. Mecanismos de detección en entornos tecnológicos sofisticados y descentralizados.
La dirección académica estuvo a cargo de Juan Carlos Ortiz Pradillo (España) y el magistrado Gustavo Meirovich (Argentina). El evento contó con una amplia representación de Iberoamérica, incluyendo juristas y magistrados de Argentina, Brasil (con especialistas como Alexis Couto Brito), México, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Perú y Bolivia.
Además de autoridades regionales, participaron el presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y el presidente del Foro Latinoamericano de Delitos Económicos (FLADE). Por Paraguay se destacó la presencia de Manuel Guanes Nicoli, quien tuvo una participación destacada como experto y autoridad académica en representación de nuestro país, quien participó en su carácter de director de los cursos de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Su presencia, junto a otros expertos de la región, fue fundamental para fortalecer la dimensión internacional del congreso, permitiendo el intercambio de conocimientos entre instituciones de primer nivel de países como Argentina, Brasil, Bolivia y Perú.
Como parte de la delegación de especialistas, formó parte de un espacio de formación y actualización estratégica frente a la criminalidad económica transnacional, participando en un programa que incluyó 25 horas de talleres intensivos sobre inteligencia artificial, criptoactivos y preservación de la prueba digital. Además, contribuyó al objetivo del evento de compartir experiencias y buenas prácticas de los sistemas judiciales de los países representados, buscando diseñar respuestas coordinadas contra el lavado de activos sin descuidar las garantías constitucionales.
El respeto a los derechos y garantías constitucionales en el uso de nuevas tecnologías para la justicia se garantiza principalmente mediante la formación continua y el pensamiento crítico de los operadores del sistema judicial, los mecanismos específicos para asegurar este equilibrio refieren a una capacitación estructurada, se enfatiza que la formación de juristas y magistrados debe ser permanente y estructurada, permitiéndoles comprender los desafíos que plantea la prueba digital y la inteligencia artificial sin dejar de lado la protección de las garantías fundamentales de los ciudadanos.
De ahí que el enfoque crítico en la tecnología, el uso de herramientas de IA y técnicas de investigación avanzada para detectar el lavado de activos debe ir acompañado de un análisis crítico que asegure que la recolección y preservación de la evidencia digital se ajuste a los marcos legales vigentes. Se destaco que mantener el intercambio de Buenas Prácticas, a través del diálogo transnacional, jueces y fiscales compartieron experiencias sobre cómo han gestionado investigaciones complejas (como las de criptoactivos) de manera que se respeten los procedimientos legales y constitucionales en sus respectivos países.
El apego a Instrumentos Jurídicos, el análisis de las herramientas de detección no es solo técnico, sino que se fundamenta en el estudio profundo de los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, garantizando que cualquier técnica de investigación técnica tenga un respaldo legal sólido.
La importancia del evento también reside en la alianza entre la academia (Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Nacional de Asunción), los poderes judiciales nacionales y fuerzas de seguridad como la Policía Nacional española, permitiendo una visión integral del combate al delito, en conjunto este evento refuerza una tendencia regional hacia la modernización y cooperación judicial para proteger el estado de derecho frente a los desafíos del siglo XXI.
En resumen, la clave para proteger los derechos constitucionales en la era digital no es solo el conocimiento de la tecnología, sino la integración ética y jurídica de estas herramientas dentro de la práctica judicial cotidiana.
