La primera institución con la que suele contar un partido político es un Tribunal de Disciplina. Aunque este último vocablo cuente en el diccionario con muchos significados, refiere generalmente la capacidad de cualquier colectivo para actuar en correspondencia a normas y reglas. Suele aceptarse, por eso, que la disciplina esté asociada a la planificación y al esfuerzo mancomunado; atenta a lo que distraiga la atención puesta en procura de los logros propuestos.
La amplitud de sus significados suele permitir que algún rebelde, alborotador, indócil, insumiso, polémico y otros de parecidas tendencias sea acusado de indisciplinado, por autoritarios, mandones y déspotas.
Es lo corriente. Pues a pesar de que la democracia no admite –o no debería– el pensamiento único, no suele ser aceptadas voces distintas al del saber oficial.
En el Paraguay de hoy, no es de esperar que los partidos sean un conjunto de ideas para dirigir el Estado. Y si no lo hicieran, que sostuvieran valores alternativos con los que combatir o enfrentar los errores de las autoridades vigentes. A pesar de que todos los núcleos partidarios proclaman “su vocación de poder”, no se sabe que alguno de ellos –en el gobierno o en la oposición– se haya molestado en elaborar algún plan de trabajo en el caso que gobernaran. Iniciativa mucho más complicada que distribuir cargos.
“Los que nos combaten en público, nos utilizan en privado”, escribió a propósito Xaviera Hollander (Indonesia, 1943) una ex prostituta y escritora, famosa por su libro The happy hooker (La prostituta feliz - 1971).
Una expresión apropiada a ciertos núcleos políticos que mientras critican, presumen de una virtud que no suelen sostener cuando están en el poder.
Es la incoherencia, uno de los pecados más visibles, frecuentes y nefastos de la clase partidaria. Y ante los cuales, no hay pena constitucional ni voto ciudadano que restituya la jerarquía que se pierde en cada error.
Entre estos, debe considerarse el hecho de que en el recinto de la representación popular ya no se debaten, ni resuelven, los problemas nacionales. Para el efecto, los “representantes del pueblo” solo deben cuidar de tener asegurados sus hilos mentales al sitio donde los problemas son problemas y la obediencia “es obligatoria”. Es decir, el “humilde pesebre” con aire acondicionado, donde se “concreta” la ilusión democrática que se “nos vende” en cada acto comicial.
El voto debería ser el recurso más válido para que el pueblo castigue a los malos dirigentes. Así debería ser si tuviéramos la opción de elegir. Pero ahí es donde empiezan, paradójicamente, las contradicciones.
Dirigentes que ven enemigos en toda oposición. Que consagran la “desobediencia” como delito partidario. Para comenzar, discrepar con la jerarquía no debiera ser delito en ningún partido político.
Ni en el de “hombres libres” ni en el de los obedientes. A menos que se delatara alguna transgresión de los principios morales y doctrinarios. Y suponiendo que el afiliado conoce de la doctrina y que las autoridades fueran bastiones de la moral y los valores que lo sustentan.
¿Suele ser así?
Pero puestos a ser disciplinados y democráticos, las autoridades partidarias debieran apegarse al principio de igualdad. O al menos, al criterio de conceder a cualquier afiliado la misma acusación que recibieron otros. Porque aparentemente, solo es acusado de indisciplina quien señala alguna falta a la “autoridá” partidaria.
¿Qué fue de aquellos dirigentes condenados por delitos comunes? ¿De los que fueron destituidos por defraudación a las arcas públicas? ¿Los que incurrieron en abuso de autoridad?
¿Qué protegieron o encubrieron a prófugos de la justicia? O, que protagonizaron actos de violencia en el propio recinto familiar; o retaceando recursos para la alimentación de sus hijos; ¿o los que “patotean” a simples transeúntes con exhibición de armas y disparos al aire?
¿Qué interpretación de la disciplina partidaria es la que permite que UNA SOLA persona asuma todos los atributos del poder de un partido? O, que si nos atuviéramos a la obligación de votar, ¿por qué no se insta a los votados a respetar también los mandatos, la constitución y las promesas electorales? Porque la Justicia Electoral tampoco hace mucho para castigar o reprimir los excesos de la propaganda electoral.
Ni exigir el cumplimiento de las promesas electorales de los candidatos ya electos.
Y a propósito la vuelta de los stronistas a la palestra electoral desnuda simplemente el hecho de que jamás fueron radiados de ninguna parte. Tanto como revela –también inequívocamente– el fracaso de toda la oposición.
Nuestro país es el único que en toda América, no cambió de partido de Gobierno tras la partida de los autoritarios, civiles o militares. En estos lares, sigue gobernando el partido de Stroessner con casi todos los atributos y defectos que caracterizaron el largo periodo de la dictadura.
Y tampoco se trata de tener “oposición por oposición” como dijo alguno, sino de marcar pautas de conducta coherente y de calidad en la representación del pueblo. Se trata de analizar profundamente los problemas del país proponiendo soluciones reales y factibles para los mismos.
Es lo menos que puede hacerse. Con gestión, honestidad y espíritu de ahorro…
¿O es que la ilusión que promueven los números macroeconómicos, o el hecho de integrarnos a una Junta de Paz inventada con el principal mentor de la violencia llamado Donald Trump, ya nos hizo olvidar quienes somos?
Y que también, tenemos muchas cosas que hacer, defender y reconstruir en nuestro propio país?
