Paraguay está creciendo económicamente, solo tiene que resolver el problema de la debilidad institucional. Eso me dijo hace poco un diplomático extranjero con la intención de insuflar ánimos. Y la verdad, es que suena como si fuera poca cosa, un detalle menor, cierta flaqueza que seguramente tendrá algunas consecuencias, pero nada que impida que el gigante se vuelva a levantar o que se levante por primera vez si es que consideramos maliciosamente que, en realidad, nunca estuvo de pie. Las mejores intenciones del buen burócrata; sin embargo, desaparecen cuando revisamos los resultados prácticos de esa “debilidad institucional”, una forma elegante de diagnosticar a reparticiones públicas convertidas en oficinas de negocio de los operadores políticos de turno. Va de muestra el zafarrancho que armaron con la mal llamada reforma agraria.
Según el actual presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, entidad responsable de ejecutar las políticas del Estado con relación a la concesión de tierras para la explotación agropecuaria y la creación de colonias a lo largo de 122 años esta institución (que fue cambiando de nombre, pero no de malos hábitos) adquirió y adjudicó más de cinco millones de hectáreas, convirtiéndose de lejos en el mayor agente inmobiliario de la historia. El detalle que revela de manera descarnada la “debilidad institucional” es que a la fecha menos del diez por ciento de todas esas tierras están registradas y tienen un título de propiedad.
Esto quiere decir que 4,5 millones de hectáreas están en un limbo jurídico. Hoy no se puede saber con precisión si esas fincas que eran del Estado o que fueron compradas por él (con nuestro dinero) se encuentran en manos de campesinos productores sujetos de la reforma agraria, de colonos brasileños que compraron a esos productores su derecho a la tierra (una operación absolutamente ilegal, pero de práctica común que se conoce como venta de “derecheras”) o de marihuaneros que cultivan cannabis con mano de obra nativa.
A veces las comparaciones son necesarias para dimensionar el escándalo. Estamos hablando de que la “debilidad institucional” de esta repartición administrada históricamente por operadores políticos generó en un siglo un desmadre de tierras sin registros y sin títulos equivalentes al tamaño de países enteros como Costa Rica, Dinamarca, Suiza, República Dominicana, Bélgica o El Salvador. La consecuencia es que no solo hay colonias enteras asentadas sobre propiedades que carecen de existencia jurídica, hay ciudades en esas condiciones. En la ciudad de Coronel Oviedo hay localidades donde menos del cinco por ciento de sus pobladores poseen un título de propiedad.
Las consecuencias de esta barbaridad jurídica son cientos de miles de disputas en tribunales y en territorio entre campesinos, latifundistas y colonos por tierras cuya legítima propiedad está bajo duda permanente. Se han registrado hasta 15 títulos de propiedad sobre una misma finca. Es harto conocido que la suma de todas las hectáreas de tierra asentadas en los registros de propiedad de la Justicia da cuenta de un Paraguay dos veces más grande que el que aparece en los mapas.
Según estimaciones de organismos internacionales, estas disputas le cuestan a la economía pérdidas por más de mil millones de dólares anuales. Se agrega que hoy el Indert debe por expropiaciones que tienen en algunos casos más de dos décadas entre 130 y 150 millones de dólares, y solo tiene para pagar dos millones de dólares por año. Un margen propicio para cobrar jugosas coimas.
Esta es solo una muestra de cómo se traduce en hechos esa “debilidad institucional”. En la práctica tenemos una concentración grosera de la propiedad de las tierras cultivables en pocas manos, cientos de miles de pequeños productores que sin título de propiedad no pueden acceder a créditos de producción y un laberinto borgiano instalado en el Poder Judicial donde se puede entrar buscando garantizar la propiedad y salir desplumado y con serias dudas sobre qué es real y qué no. Habría que preguntar a quienes viven a diario este culebrón, qué opinan de ese detalle que llaman eufemísticamente “debilidad institucional”.
