A través de sus redes sociales, el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis se mostró en contra del pedido que realizó este jueves el titular del Centro de Empresarios del Transporte Público de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, que consiste en un subsidio o la provisión de combustible para seguir operando ante la disminución de pasajeros.
En ese sentido, el senador apuntó al Gobierno para que se mantenga firme y no se deje chantajear “por unos cuantos transportistas”. En caso de que el servicio de transporte deje de funcionar por ese motivo, sugirió que las licencias de los mismos sean canceladas.
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“El Gobierno no se debe dejar chantajear con el subsidio por unos cuantos transportistas. Necesitamos de un Gobierno fuerte que se plante y si joden que les cancelen sus licencias y que sus itinerarios los liciten de nuevo”, señaló.
Agregó que la mayoría de ellos obtuvieron las licencias por favores políticos y no por méritos. Además, en conversación con Última Hora, Buzarquis mencionó que los transportistas “recibieron estos itinerarios y licencias de manera amañada” por décadas y “humillan a la ciudadanía”.
Así también, reiteró que no existe competencia y que los transportistas “hacen lo que quieren” sin cumplir la ley ni mejorando el servicio de transporte.
“Cada cierto tiempo chantajean porque el Estado no se les planta. Yo creo que se les debe cancelar de una buena vez estas licencias. Volver a licitar y que se presenten empresas que den un servicio digno a la gente. Ellos ganan mucho dinero y regulan el mercado como quieren”, sentenció.
Por su parte, el titular de la Cetrapam había expresado que no se trata de ganar dinero, alegando que sería imposible seguir sosteniendo el servicio porque deben continuar con el pago de salarios y la compra combustibles. El subsidio económico que solicita el sector es de USD 2 millones.
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Por recomendación del Ministerio de Salud, las unidades pequeñas del transporte público pueden subir solamente hasta 28 pasajeros y las más grandes hasta 42 personas a bordo. Estas disposiciones se dieron para evitar la propagación del Covid-19.
Las empresas de transporte que incumplan con las medidas sanitarias se exponen a una multa de G. 14 millones. Mientras que para los pasajeros es obligatorio el uso de tapabocas como medida de prevención ante la pandemia.