Los senadores rechazaron en sesión ordinaria de este jueves el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley por el cual se establece la ampliación del derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores en situación de vulnerabilidad social.
La propuesta de normativa estipula la inscripción automática de personas en situación de vulnerabilidad social, al cumplir los 65 años de edad. El texto reemplaza el término pobreza por vulnerabilidad.
El documento sobre la decisión presidencial ahora debe ser analizado por los diputados. Si los representantes de la Cámara Baja rechazan el veto, el proyecto de ley quedará automáticamente sancionado. Caso contrario, si aceptan la objeción del Ejecutivo, el documento será remitido al archivo.
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El proyecto establece que los beneficiados recibirán un monto no menor a la cuarta parte del salario mínimo. Actualmente, el salario es de G. 2.112.562, y el importe alcanzaría alrededor de G. 528.000.
La senadora colorada Mirtha Gusinsky apeló a que se acepte el veto, debido a que el proyecto de ley no establece la fuente de financiamiento para el subsidio.
Hugo Richer, legislador por el Frente Guasu, aseguró que el Gobierno deberá replantearse sus políticas en la lucha contra la pobreza y extrema pobreza. “Los elementos de medición de la pobreza están desfasados”, apuntó. Criticó que como parámetro se tenga en cuenta si la persona cuenta o no con baño moderno.
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No obstante, el senador liberal Víctor Ríos argumentó su postura por el rechazo, al igual que el legislador Eusebio Ramón Ayala. Ambos coincidieron en que el proyecto de ley busca disminuir desigualdades y garantizar el derecho constitucional para proteger a las personas de tercera edad.
“No convirtamos un derecho en una limosna, discutamos el derecho de las personas de tercera edad para que puedan terminar dignamente sus días”, refirió Ayala.
El principal fundamento por el cual el Poder Ejecutivo devolvió el documento al Legislativo es porque no hay fondos para financiar dicho subsidio que demandaría un gasto de USD 450 millones.
Además, desde el Ejecutivo, se cuestiona que la propuesta tiene artículos que se prestan a la ambigüedad. Aseguran que con la modificación se duplicará la cantidad de beneficiarios.
Desde el año 2013, el Estado paraguayo otorga un subsidio mensual de G. 500.000 a los adultos mayores en situación de pobreza. Esto significa un desembolso de USD 200 millones al año. Son 192.578 los beneficiarios.
