La modificación y ampliación de la Ley por la cual se otorga la pensión alimentaria a los adultos mayores, aprobada por la Cámara de Senadores, fue cuestionada por el ministro de Hacienda, Benigno López. Sostuvo que implicará gastos millonarios y que no tiene forma de financiamiento.
En conversación con radio Monumental 1080 AM, el secretario de Estado aseguró este viernes que los cambios de la reglamentación costarán a la Caja Fiscal USD 200 millones (G. 1.240 billones) más por año. Prácticamente, duplicaría el monto entregado actualmente.
“No tienen fuente de financiamiento, y se elimina un determinante importante, la condición de pobreza para el subsidio”, agregó el titular del Tesoro Nacional.
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Con la ley vigente, se tiene un gasto mensual promedio de G. 101.506 millones (USD 16 millones), con 192.578 beneficiarios, al cierre de mayo, según la Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC) del Ministerio de Hacienda.
El Senado aprobó el jueves la versión propuesta por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que aplica el beneficio universal y elimina el requerimiento de situación de pobreza. El proyecto ahora debe pasar a consideración de Diputados.
“Hicimos (Ministerio de Hacienda) llegar nuestra opinión (a la Cámara Alta), pero no fueron tenidas en cuenta. Y vamos a hacer llegar a la Cámara Baja la semana que viene, en la que se va a tratar también una equiparación jubilatoria, para lo cual tampoco hay financiamiento, y que implica un aumento importante”, refirió.
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Resaltó que lo ideal sería que, si se va a tocar o incluir un beneficio adicional en un proyecto social, se busque la forma de financiar.
La reglamentación establece que el Fondo de Pensión Alimentaria para Personas Adultas Mayores se regirá por lo establecido en la Ley 3728/09, según disponibilidad presupuestaria.
Y en un nuevo artículo la propuesta establece que la implementación se financiará con los ingresos genuinos del Ministerio de Hacienda, el impuesto selectivo al consumo (ISC) a bebidas alcohólicas y otros de tipo tributario, previstos en el Presupuesto General de la Nación.
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Entre las modificaciones también se incluye que el beneficio será de inscripción automática para todas las personas de 65 de edad, que sean paraguayos naturales o naturalizados con cincos años de residencia, y extranjeros con 30 años de residencia.
Se excluye a aquellos que accedan a una remuneración, ya sea del sector público o privado, que tengan obligaciones del impuesto a la renta personal (IRP) y que en su declaración jurada del impuesto al valor agregado (IVA) informen de ingresos superiores a dos salarios mínimos y aquellos que posean 30 cabezas de ganado.
El proyecto establece que los beneficiados recibirán un monto no menor a la cuarta parte del salario mínimo. Actualmente el salario es de G. 2.112.562, y el importe alcanzaría alrededor de G. 528.000.
El texto había sido presentado, en un principio, por el senador Salyn Buzarquis para universalizar el cobro de la pensión alimentaria a personas de la tercera edad, pero sus pares Víctor Ríos y José Ledesma también presentaron un documento similar, con lo que se unificó la propuesta.
