El veto al proyecto de ley de incentivos y promoción del transporte eléctrico en el Paraguay fue estudiado este martes en una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores.
El Poder Ejecutivo objetó totalmente la propuesta legislativa argumentando que se equipara en su articulado a vehículos híbridos con los eléctricos, cuando poseen un motor a combustión, y que va contra la equidad tributaria al establecer la creación de un fondo al que será destinado un impuesto.
El veto fue puesto a consideración y 30 senadores votaron nominalmente por el rechazo, uno por la aceptación, uno se abstuvo y 13 se ausentaron. Ahora pasa a manos de la Cámara de Diputados.
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Ocho comisiones dictaminaron al respecto, de las cuales seis se pronunciaron con posiciones en contra de la objeción total del Ejecutivo, entre ellas las de Asuntos Constitucionales, Legislación, Obras Públicas, Industria, Comercio y Turismo y la Comisión Especial de Entes Binacionales del Senado.
Coincidieron en que se debe aplicar el aprovechamiento de la energía eléctrica que produce el país.
De acuerdo con el legislador liberal Enrique Salyn Buzarquis, quien preside la Comisión de Obras, el Gobierno busca proteger al sector del transporte público a combustión.
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Su colega Lucas Aquino, miembro de la Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, por su parte, reclamó la falta de visión clara de las autoridades nacionales sobre una política de Estado con relación al proyecto.
La senadora por el Frente Guasu Esperanza Martínez, en cambio, expresó su preocupación hacia el “gesto” del Ejecutivo. “Este Gobierno dice que veta porque va a hacer uno (proyecto) mejor. No lo hizo en cinco años y no lo va a hacer en los siete meses que le quedan”, acotó.
La propuesta legislativa establece la creación del Fondo de Promoción del Transporte Eléctrico, que será solventado con el 10% de lo recaudado en el impuesto selectivo al consumo a los combustibles.
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Estos recursos serán administrados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para financiar el desarrollo del Plan Nacional de Transporte Eléctrico. En efecto, la cartera de Estado está elaborando el plan maestro de movilidad eléctrica para el transporte público urbano y logístico.
La nueva norma también dispone exoneraciones impositivas para la importación, la producción, el pago de patente y el estacionamiento de vehículos eléctricos que no sean de alta gama.
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) estaba en contra del proyecto de ley alegando que iba contra de la política del Gobierno de fabricar autopartes y automóviles en el país.