La propuesta fue presentada en la sesión ordinaria de este jueves por la senadora colorada Blanca Ovelar, quien manifestó su preocupación ante el conflicto que ocurre en Concepción, donde los pobladores cuestionan varios supuestos hechos irregulares en la administración del intendente Alejandro “Tati” Urbieta.
El proyecto de resolución fue aprobado por el pleno de la Cámara Alta y se insta a la Contraloría General de la República a fiscalizar la gestión administrativa y financiera de la Municipalidad de Concepción.
La parlamentaria explicó que la declaración responde a una expresión política que tiene como objeto demostrar a la ciudadanía que el órgano legislativo no está ajeno a lo que sucede en esa zona del país.
Movilizaciones en Concepción
Los pobladores de Concepción se manifiestan hace más de 20 días para exigir la renuncia del intendente Tati Urbieta, quien está imputado por lesión de confianza, apropiación y desacato.
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El jefe comunal cuenta con varias denuncias en su contra, una de ellas relacionada con la supuesta venta fraudulenta del Puerto Municipal a la firma TLP SA (Terminales y Logística Portuaria SA), un inmueble de 6,2 hectáreas enajenado por USD 700.000.
Los ciudadanos de Concepción juntaron 1.000 firmas y presentaron al Ministerio del Interior el pedido de intervención de la administración municipal de la capital del primer departamento.
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