En una nueva derivación judicial del caso que involucra a la administración de la Gobernación de Central, Miguel Ángel Robles, ex jefe de Gabinete del ex jefe departamental Hugo Javier González, se presentó ante el Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, en el barrio Trinidad de Asunción, para ponerse a disposición de la Justicia.
El ex administrador fue condenado a 10 años de cárcel por instigación a la lesión de confianza, en un caso vinculante por un perjuicio económico estimado en cerca de G. 4.800 millones. Robles contaba previamente con libertad ambulatoria tras haber cumplido más de seis meses de prisión preventiva en la etapa preliminar del juzgamiento.
No obstante, debía entregarse para cumplir su pena. Debido a que no se presentó, el juez de Ejecución Carlos Mendoza ordenó ejecutar la caución sobre tres inmuebles por G. 4.735.620.236.
🚨 #URGENTE
— NPY Oficial (@npyoficial) September 10, 2026
📌 Se entregó el exjefe de Gabinete de Hugo Javier
♦️ Miguel Robles, quien en su momento fue el administrador principal de González cuando este era gobernador de Central, se presentó ante las autoridades policiales en el Departamento de Judiciales del barrio… pic.twitter.com/B4K3ElfdY8
Guillermo Duarte Cacavelos, representante legal de Robles, en comunicación con NPY este jueves, sostuvo las causas judiciales y procesales que precipitaron la entrega voluntaria de su defendido para hacer efectiva la privación de libertad.
“Él está en este momento en el Departamento de Judiciales, ya puesto a disposición de la autoridad penitenciaria, para cumplir la resolución judicial que salió ayer”, señaló el abogado sobre la caución.
El abogado explicó la dinámica de las apelaciones y cómo la medida de presentación busca frenar la ejecución de las garantías reales que sumaban alrededor de G. 4.800 millones.
“Lo que ocurre es que la primera resolución que emanó del juzgado es la orden de captura de todos: de Hugo Javier, de Miguel Ángel Robles y de otras personas, pero esa resolución fue apelada por nuestra parte porque existe todavía una acción de inconstitucionalidad en estudio en la sala constitucional, pero cuando se resolvió por Cámara de Apelaciones el declarar inoficioso el estudio de esa apelación, entonces el expediente baja a primera instancia, sale el cúmplase y esta resolución de llevar adelante la ejecución, porque él no se presentó a la primera orden. En consecuencia, ahora se presenta y con esto, para esa ejecución, y se da cumplimiento a la resolución primaria”, sostuvo Duarte.
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En otro punto afirmó que en el momento que salió la resolución judicial informático, dio aviso a Robles para que se entregara en la mañana de este jueves.
“Yo –cuando salió la resolución en el sistema judicial informático– le avisé que se preparara para entregarse hoy, a la mañana, temprano, que se hagan todos los trámites administrativos para que le puedan ubicar en algún lugar a él bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia”, alegó.
Sobre las medidas preventivas anteriores y la sentencia de su cliente en la causa, el abogado recordó los antecedentes procesales de los involucrados en el fuero penal.
“Ellos fueron a prisión preventiva, luego salieron por compurgamiento de pena mínima y estuvo más de seis meses, por eso es que se dictó la libertad ambulatoria”, indicó al dar contexto sobre el proceso de reclusión previa.
¿Teme por su vida?
Asimismo, al ser consultado sobre el estado emocional del procesado y la inquietud por su seguridad dentro del sistema carcelario frente a los hechos recientes vinculados a Hugo Javier, Duarte Cacavelos enfatizó la obligación de su resguardo por parte de las autoridades oficiales.
“Por supuesto que está asustado después de lo que le pasó a Hugo Javier, pero la responsabilidad de su seguridad física, salud e integridad es del Estado paraguayo. Con más razón, después de lo que le pasó a Hugo Javier, tienen que tener cuidado y extremar los esfuerzos por evitar que este tipo de cuestiones ocurran”, aseveró.
En cuanto a los plazos previstos para el traslado del detenido a una unidad penitenciaria y las acciones legales inmediatas, el profesional del derecho aclaró que no realizarán solicitudes extraordinarias, dejando la custodia en manos del sistema penitenciario estatal.
“En el transcurso del día, él tiene que tener una asignación inmediatamente, o sea, eso tampoco es un trámite que puede demorar demasiado. Eso queda en manos del Ministerio de Justicia. Para cualquier persona, en cualquier situación, tiene que ser remitido a un sitio seguro donde esté garantizada su integridad física y su salud”, concluyó el representante legal.
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Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra fue intimado el 5 de agosto pasado para presentarse en un plazo de cinco días, pero este no se puso a disposición de la Justicia, bajo apercibimiento de que se ejecutarán las cauciones si no se presentaba.
De esta manera, tras el informe respectivo, el juez dispuso el último miércoles llevar adelante la ejecución de la caución real sobre un inmueble ubicado en Lambaré, propiedad de Sixto Raúl Fretes, por la suma de G. 1.363.418.000, más el 10%.
Además, de la finca ubicada en Ñemby, de la firma Lubristore SA, por la suma de G. 2.131.350.000, más el 10%, y la finca del distrito de Belén, en Concepción, propiedad de Víctor Alfonso Robles, valuada en G. 1.240.851.356, más el 10%, conforme señala la resolución.
