La subcomisión, compuesta por tres miembros titulares e igual número de suplentes, tendrá que informar en un plazo de 60 días sobre la supuesta tentativa de favorecer, con la venta de energía excedente del Paraguay en Itaipú, a una empresa brasileña de nombre Leros, que estaría vinculada al presidente brasileño Jair Bolsonaro.
Mientras tanto, en nuestro país continúan develándose más detalles sobre la negociación en torno al acuerdo secreto de Itaipú, con mensajes que comprometen al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y al vicepresidente Hugo Velázquez.
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El escándalo desatado en Paraguay, por la firma secreta de un acuerdo sobre la contratación de energía de Itaipú con Brasil, que representaba un sobrecosto de USD 250 millones para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), también alcanzó al presidente brasileño Bolsonaro, quien tendrá que explicar sus vínculos con una empresa que supuestamente buscaba adquirir la energía excedente de Paraguay para revenderla en el vecino país.
Según había expresado la diputada brasileña Delci Hoffman, el empresario y senador suplente Alexandre Giordano, quien sería hombre de confianza de la familia Bolsonaro, se reunió con autoridades paraguayas en representación de la firma Leros.
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La legisladora había señalado incluso que Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño, se reunió con el ministro de Hacienda paraguayo, Benigno López, aunque este negó el hecho y dijo desconocer al hombre. La bancada del Partido de los Trabajadores del Brasil accionó ante la Fiscalía General para que investigue a Jair Bolsonaro, al director de Itaipú del lado brasileño, Joaquim Silva e Luna, y al canciller Ernesto Araújo.
La subcomisión tendrá que hacer también gestiones en conjunto con el Senado paraguayo, con el fin de distender el clima de desconfianza generado por las “sigilosas negociaciones”.
El nombre de la firma Leros salió a la luz luego de la publicación de unos mensajes de José Rodríguez, hijo de la ex ministra de Seprelad, Epifanía González, quien supuestamente actuó como nexo entre la empresa Leros y el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, para beneficiar a la compañía en el acuerdo.
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Estos mensajes agravaron aún más la situación política local, ya que la sola firma del acuerdo había desencadenado en movilizaciones ciudadanas y la renuncia de las principales autoridades.
Posteriormente, los principales partidos políticos presentaron un pedido de juicio político contra el vicepresidente, Hugo Velázquez, y el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien habría presionado al ex titular de la ANDE, Pedro Ferreira, para que firme el acuerdo bilateral.
Finalmente, el Brasil aceptó dejar sin efecto el acuerdo bilateral firmado en el mes de mayo, pero que se dio a conocer recién tras la renuncia de Ferreira a la ANDE.
