Dos dictámenes, uno a favor y otro en contra, fueron emitidos por la comisión que estudia el pedido de intervención de la Gobernación de Central y que serán estudiados hoy en la sesión de la Cámara de Diputados.
Se necesitan 41 votos para la aprobación y la oposición solo cuenta con 37 miembros, no todos disponibles. La liberal Celeste Amarilla estará ausente por un viaje y se desconoce la postura que asumirán los liberales afines al cartismo. Es por ello que el voto de Colorado Añetete será determinante; sin embargo, la bancada ya habría acordado con Honor Colorado por el rechazo.
La justificación estará basada en la no existencia de obras fantasmas y en que las imputaciones corresponden al ámbito penal.
El diputado de Colorado Añetete, Ángel Paniagua, no quiso adelantar la postura de su bancada. “Estamos estudiando. La denuncia hablaba de obras fantasmas. Nosotros recorrimos y encontramos todas las obras. Obras fantasmas no hay, desde ese punto no amerita ninguna intervención, pero hay varios puntos que están en juego.
Hay que tener en cuenta que el tema judicial, por ejemplo, en el estrado judicial se está dirimiendo”, apuntó el vicepresidente de la Cámara Baja.
Si se aprueba la intervención, el Poder Ejecutivo debe designar un interventor, que tiene un plazo de 90 días para elevar sus conclusiones a la Cámara de Diputados. Posteriormente, se necesitan 41 votos para destituir al gobernador.
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SOSPECHA. Varios opositores manifestaron que todo apunta a que las bancadas coloradas lograron acordar el rechazo de intervención. La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, indicó que una señal es la nula resistencia a incluir el tema en el orden del día.
“La poca resistencia que hubo para incorporar al orden del día la intervención de la Gobernación de Central es una alerta. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero necesitamos enviar un mensaje político-ciudadano enorme que no vamos a tolerar el blanqueo”, dijo.
DENUNCIA. El inicio del calvario del gobernador Hugo Javier González fue la denuncia ante el Ministerio Público por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) el 8 de julio pasado, contra la Gobernación de Central, tras detectarse inconsistencias documentales en la presentación de la rendición de cuentas.
El viceministro de la SET, Óscar Orué, dijo que hubo falsificación de facturas por USD 1 millón, para justificar los fondos de la Ley de Emergencia por Covid-19.
Por otro lado, la Contraloría reveló que la Gobernación no pudo respaldar con facturas los gastos de su presupuesto del 2019 por G. 18.000 millones, transferidos a la ONG CIAP para obras.
Sin embargo, el Ministerio Público recién imputó casi cinco meses después al gobernador y otras 14 personas, por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
