Responsabilidad fiscal y reformas

Esta semana se deslizaron comentarios altamente relevantes respecto a la gestión de las finanzas públicas y la política fiscal que merecen destaque y discusión pública. En un escenario, se notaron roces en el equipo económico. La ministra del MOPC, Claudia Centurión, reclamó que el tope de déficit previsto en el Plan de Convergencia Fiscal del Gobierno afectaba sustancialmente la capacidad de inversión pública en obras de infraestructura. La respuesta del ministro de Economía, Carlos Fernández, ratificado posteriormente por el presidente Peña, fue que el tope del déficit previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal es una regla de oro, de prioridad superior, porque es la base de la previsibilidad macroeconómica del país, condiciones necesarias para incrementar la inversión y el crecimiento económico. En otro escenario, en el marco de la Primera Convención Bancaria, organizada por la Asociación de Bancos, la primera disertante fue la vicepresidente y analista sénior de la calificadora de riesgos Moody’s, Samar Maziad. En su exposición, aclaró que la calificación de grado de inversión para nuestro país tiene una perspectiva estable, pero que es muy importante retornar al tope del déficit previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal. El nivel de endeudamiento del país es inferior a los países con igual calificación, pero la relación entre el pago de intereses y los ingresos fiscales es la misma que la de sus pares. Por ello, es importante reducir el déficit para estabilizar el nivel de endeudamiento. Mencionó, además, que notaban un fuerte compromiso del Gobierno y que es necesario avanzar con las reformas pendientes, en especial la de la Caja Fiscal.

Estos comentarios indican que la implementación del plan de convergencia fiscal y de la estrategia de reformas del gobierno se encuentra en un punto de inflexión.

Según el informe financiero del mes de junio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los ingresos del fisco se han ralentizado y están creciendo a un ritmo inferior a los gastos. Además, la inversión pública creció un 24% en el primer semestre y el déficit fiscal anualizado cerró en 2,8% del PIB. Sin embargo, el déficit máximo previsto en la ley de presupuesto, en línea con el plan de convergencia, es del 1,9% del PIB. Por lo tanto, en el segundo semestre se requiere una reducción del déficit de casi 1% del PIB para lo cual se tiene que desacelerar sustancialmente el ritmo de ejecución físico-financiera de los proyectos. Además, el espacio fiscal para la inversión se reduce aún más en el presupuesto del 2026, ya que el déficit se reduce al 1,5% del PIB y los programas prioritarios del Gobierno como Hambre Cero seguirán requiriendo más recursos.

Por otro lado, la reforma de la Caja Fiscal, cuya concreción es igualmente crítica para sostener la inversión pública y la solvencia fiscal, sigue empantanada. El MEF ha hecho presentaciones a los parlamentarios buscando apoyo a una reforma que modifique los parámetros para recuperar el equilibrio financiero e introducir equidad interna entre los distintos sectores. Paralelamente, los funcionarios públicos y jubilados hacen un intenso lobby en contra, sugiriendo que el Estado haga un aporte patronal, lo cual implicaría la utilización permanente de ingresos tributarios para sostener un sistema jubilatorio absolutamente de privilegios. Sin embargo, los políticos tienen particular sensibilidad con ellos, porque muchos forman parte o son operadores de sus equipos políticos en épocas de elecciones. Hasta ahora, la mayoría parlamentaria del Gobierno no se ha manifestado.

Nuestra historia reciente nos recuerda la importancia de una política fiscal responsable. Nos permitió superar una pandemia y el país está a pasos de consolidar el grado de inversión gracias a ella. Esto nos permite utilizar el ahorro externo a un menor costo para aumentar la inversión, mejorar la productividad e incrementar los ingresos y el bienestar de la gente de manera sostenible. Por ello, es fundamental que el Gobierno haya ratificado su compromiso con el Plan de Convergencia a los límites de la Ley Responsabilidad Fiscal y es necesario que presente a corto plazo un proyecto de reforma de la Caja Fiscal que sea consistente con la misma. Y esperemos que los parlamentarios estén a la altura de las circunstancias en este punto de inflexión que tendrá consecuencias duraderas.