05 ene. 2026

Proyecto Hambre cero necesitará de unos USD 300 millones

El proyecto de ley que universaliza la alimentación escolar y desfinancia varios programas estatales necesitará alrededor de USD 300 millones para cubrir su meta, que representa un adicional del 22% respecto a lo que ingresó en el 2022 por la cesión de energía al Brasil.

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La jefa del Gabinete Civil de la Presidencia, Lea Giménez, defiende el proyecto hambre cero en nuestras escuelas.

Foto: Rodrigo Villamayor.

Sobre el proyecto hambre cero en nuestras escuelas, la jefa del Gabinete Civil de la Presidencia, Lea Giménez, afirmó que el presupuesto final que se necesitará para cubrir la alimentación escolar dependerá de algunos factores, como la trazabilidad.

Los gobiernos departamentales informarán sobre quiénes están aceptando la alimentación escolar en las instituciones, teniendo en cuenta que algunos beneficiarios también lo rechazan.

Lea también: Gobierno presenta proyecto de hambre cero en escuelas ante “fracaso” del Fonacide

Afirmó que de estas informaciones dependerá el monto final que se necesitará. “Estamos hablando de alrededor de USD 300 millones, no llega a USD 500 millones”, dijo antes de hablar en la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, donde fue convocada para dar detalles del proyecto.

De esta manera, el Gobierno necesita un adicional de 22% respecto a lo que ingresó en el 2023 por la compensación que pagó Brasil por la cesión de los excedentes de energía de Itaipú. Son USD 68 millones más que Paraguay deberá rebuscarse, en coincidencia con una puja por el aumento de la tarifa de energía de la binacional.

Nota relacionada: Desde la oposición cuestionan el proyecto hambre cero

El año pasado se obtuvieron USD 232 millones en este concepto que financiaba el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo para varios programas de educación, investigación, infraestructura y capitalización, pero que ahora pasará a ser Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), destinando el total del dinero a ese fin.

Por otro lado, Giménez también mencionó que la idea es implementar el proyecto lo antes posible. “La decisión del Gobierno es que se trate en la brevedad posible (en el Congreso). No es que haya una intención de apurar ni nada, pero hay una intención de llevar adelante este cambio. Tenemos un informe de la Contraloría que ya lleva su tiempo, nosotros nos tomamos unos meses para interiorizarnos”, agregó.

Sin embargo, desde la Comisión Bicameral aún no hay convocatoria a los legisladores de receso para tratar esta iniciativa. Recién en marzo, los diputados y senadores retoman sus actividades, con una sesión extraordinaria en el medio para tratar el caso de Hernán Rivas, de nepotismo y el proyecto de servicio civil.

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