Aunque con ritmo menos intenso que antes, la tasa de pobreza sigue disminuyendo, alcanzando hoy al 17.6% –en 2003 casi la mitad de la población vivía por debajo de la línea de pobreza–, y el crecimiento económico previsto para este año se acerca al 4%.
Lamentablemente, hay otro Paraguay que no anda bien y es el de la mayoría. Es el que sufre por una salud pública escuálida y una educación impresentable. Las pruebas internacionales PISA muestran datos dramáticos: El 85% de los estudiantes paraguayos de 15 años no alcanzaron los niveles mínimos de competencia en matemáticas, el 66% en lectura y el 71% en ciencias. La matriz presupuestaria aprobada para el año próximo anuncia que no habrá muchos cambios.
Puesto así, parecería que los problemas paraguayos no son tan difíciles de resolver. Bastaría con fortalecer las políticas públicas destinadas a paliar nuestros déficits sociales sin descuidar las fortalezas macroeconómicas. Sin embargo, eso no ocurrirá por culpa de algo que parece abstracto, pero que nos impide siempre optimizar el gasto público: La debilidad de las instituciones paraguayas.
Esa es una consecuencia de la mala calidad de nuestra política. Algo endémico, pero agravado por la exagerada hegemonía colorada a todos los niveles. La falta de oposición política ha dejado como únicos contrapesos del poder a organizaciones ciudadanas y a la prensa, ambas sometidas a intentos de coartación cada vez más desembozados. La mayor parte de los dolores de cabeza de Peña provinieron de su propio partido. Con mayoría amplia en el Congreso, sus correligionarios destituyeron a Kattya González, contrataron nepobabies, encubrieron a narcoparlamentarios, nombraron como representantes al Consejo de la Magistratura a no abogados, se autoconcedieron privilegios insultantes y protagonizaron todo tipo de ejemplos semanales de incultura y salvajismo.
El Informe Latinobarómetro de este año refleja elocuentemente la percepción de la gente: Solo el 17% de las personas dicen confiar en los partidos políticos. Paraguay está entre los tres países del continente en los que más gente describe su gobierno como corrupto –nos superan Perú y Honduras– y solamente uno de cada cuatro ciudadanos tiene algo de confianza en el Parlamento y el Poder Judicial. El Latinobarómetro 2024 también revela que Paraguay, entre 17 países, lidera el ranking de los que prefieren un régimen autoritario más que uno democrático. Somos el país que menos aprecia la democracia, lo cual tiene sentido si se entiende que nunca tuvimos una de buena calidad, con pleno ejercicio de los derechos. ¿Qué tanto pierde la gente cuando llega un gobernante que los restringe? Una encuesta reciente de ICA Consultoría Estratégica sostiene que la gestión de Peña en el inicio de mandato registró niveles de satisfacción más bajos (25%) que los de Cartes en 2013 (51%) y Abdo en 2018 (30%). Solo que, a diferencia de los dos últimos su margen de maniobra es menor. Todo iría mejor con una política colorada menos angurrienta. Pero Peña no puede meterse en los líos de la interna colorada o de las bancadas parlamentarias, porque allí manda Cartes. Solo le queda la opción de mirar de lejos y apoyarse en variables económicas auspiciosas. Debe ser bastante frustrante. Parafrasendo a un abogado del ex presidente, quizás por eso viaja tanto.
