Los ediles opositores Milciades Rojas, Juan José Morel, Marilete Balestro, Gabriel Cáceres y Ninfa Vera firmaron la resolución 1/2018, por la cual dieron por desintegrada la Junta Municipal de Corpus Christi, Departamento de Canindeyú.
Además, solicitaron a la Contraloría General de la República una auditoría y una posterior intervención de la Comuna, administrada por el intendente Carlos Vicente Riveres Ciancio, de la Asociación Nacional Repúblicana (ANR), por supuestas irregularidades.
Según la nota, esta decisión está amparada en la Ley 317/94, que expresamente dice que una intervención puede ser promovida por desintegración de la Junta Departamental o Municipal que imposibilite su funcionamiento.
“Se considerará desintegrada la junta correspondiente cuando no se haya logrado quórum legal necesario en seis sesiones ordinarias sucesivas o cuando por renuncia de sus miembros y habiendo asumido los suplentes, éstos no fueren suficientes para completar el quórum legal”, señala la ley.
Los cinco ediles indicaron que hace casi dos años que no sesionan con normalidad, aparte de no recibir sus dietas y existir conflictos con otros seis concejales, aliados al intendente, a quienes habían destituido por ausencias reiteradas, aunque la medida fue apelada y la Justicia Electoral hizo lugar al pedido.
El pedido de intervención tuvo mesa de entrada en el Ministerio del Interior este martes con el expediente 1098/18.
Además, los ediles anunciaron que continuarán las gestiones para que la Contraloría realice una auditoría de la gestión del intendente Riveros, por supuestas irregularidades en el uso de los recursos recibidos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y en concepto de royalties.
El conflicto se originó en el seno de la Junta Municipal de Corpus Christi hace dos años y, aunque ya se ha tratado en diversos ámbitos, incluso durante una audiencia pública encabezada por el presidente del Congreso, Silvio Ovelar, sigue sin una solución.
