La concejal departamental Julia Ferreira presentó este martes ante la Junta Departamental una solicitud formal para que el Consejo Nacional de Defensa de los Recursos Naturales y la Cámara de Senadores intervengan en el conflicto ambiental que rodea a una cantera que, pese a su suspensión oficial, continúa operando en zona urbana de Presidente Franco.
La petición de Ferreira fue aprobada por mayoría y será remitida al Senado y a la Junta de Defensa con el objetivo de que ambas instancias se interioricen del caso y evalúen medidas más efectivas para frenar las actividades de la cantera. “El Mades (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible) suspendió la indemnización otorgada a la empresa, pero los vecinos siguen denunciando que la cantera continúa operando, incluso en horarios no permitidos”, expresó.
Ferreira destacó que existe una causa penal abierta relacionada con la explotación irregular, pero que “hasta la fecha no se define la situación”, lo que genera preocupación entre los pobladores del área afectada. Los vecinos aseguran que las detonaciones y el movimiento de maquinarias continúan provocando daños estructurales en sus viviendas y afectando su calidad de vida.
ANTECEDENTES
El octubre pasado, el asesor jurídico municipal Juan Domingo Silverio calificó la suspensión de la cantera como un “logro importante” para la Municipalidad y para los vecinos, quienes desde hace años reclaman el cumplimiento de la ordenanza municipal que prohíbe la explotación de canteras en zonas urbanas.
Pese a ello, las intervenciones municipales se repitieron al menos cinco veces, y el Juzgado de Faltas Municipales dictó dos condenas con multas que los responsables nunca abonaron. En el ámbito del Ministerio Público, también se sucedieron actuaciones de varios fiscales —entre ellos Gustavo Sosa Ibarrola, Alcides Giménez y Viviana Sánchez—, sin resultados concretos.
Las denuncias vecinales se mantienen vigentes. Aun después de la resolución de suspensión emitida por el Mades, los pobladores aseguran que las explosiones no cesaron, y que la cantera sigue operando “como si la medida no existiera”.
La concejal Ferreira insiste en que la intervención de los órganos nacionales es urgente para garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales. “No se puede permitir que una empresa opere impunemente, ignorando resoluciones y afectando la salud de la comunidad”, afirmó.
