Cientos de pobladores del Departamento de Cordillera se congregaron en Atyrá, en una audiencia pública realizada el pasado miércoles, para exigir a las autoridades locales y departamentales la inmediata toma de medidas para proteger sus recursos hídricos, en particular el Acuífero Caacupé.
La protesta se centra en la grave escasez de agua que ya afecta a comunidades como Zanja Hû, atribuida a la actividad de un emporio inmobiliario que, amparado por una medida cautelar judicial, continúa realizando perforaciones sin el debido estudio de impacto ambiental para crear una laguna artificial de gran escala.
La audiencia, que congregó a más de 400 personas, contó con la presencia de legisladores nacionales por el departamento; el gobernador Denis Lichi; el intendente de Atyrá, Juan Ramón Martínez, y otros intendentes de ciudades vecinas, como Altos y Nueva Colombia, quienes manifestaron su compromiso de convertir esta lucha en una causa cordillerana.
El núcleo del conflicto fue detallado por el representante legal de la comisión vecinal Defensores del Agua, de Atyrá, quien expuso la dramática situación que enfrentan los pobladores desde hace casi un año.
Según los pobladores de la zona, los pozos de agua se han secado, mientras que los arroyos van desapareciendo y la pesca va quedando en el pasado.
Los ciudadanos y el representante legal hicieron un llamado directo a la acción de las autoridades locales: se solicitó la presentación de informes técnicos detallados sobre el estado del Acuífero Caacupé. Esta información es crucial para evaluar el verdadero impacto de las perforaciones y la escasez de agua en la zona.
MEGAPROYECTO INMOBILIARIO
En paralelo, se hizo un fuerte pedido a los legisladores nacionales presentes para que impulsen la intervención del Congreso ante el Poder Judicial.
Específicamente, se les instó a exigir la revisión de la medida cautelar emitida por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, la cual actualmente permite a la empresa Petrohue SA continuar con las perforaciones destinadas al proyecto inmobiliario Highlands Park and Cristal Lagoon.
La comunidad no ocultó su indignación frente a una acción judicial que prioriza el desarrollo privado sobre la disponibilidad de agua.
La intendenta de Nueva Colombia, Rosa Escobar, enfatizó la necesidad de la unidad institucional y política para enfrentar la crisis. Su mensaje fue claro al afirmar: “Debemos estar unidos, nosotros estaremos firmes para defender este recurso que es de todos. Reforzando el compromiso de las administraciones locales con la defensa del recurso hídrico”.
Un poblador reflejó el sentir de la asamblea al manifestar: “Esta noche no venimos a buscar culpables, venimos a pedir ayuda, a que las autoridades nos apoyen en esta lucha. En manos de ustedes está la solución”, expresó.
La reunión se centró en la necesidad de proteger la mayor riqueza natural de Cordillera, buscando una acción conjunta entre las autoridades locales y la ciudadanía para revertir el deterioro ambiental provocado por proyectos que priorizan el desarrollo privado sobre el bien común del agua potable.
