Tras conocerse la decisión de la Corte IDH, el Gobierno paraguayo expresó su preocupación ante una eventual fuga de Juan Arrom y Anuncio Martí, a quienes podrían retirarle el status de refugiados políticos en el Brasil, para luego ser extraditados al Paraguay y ser juzgados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi.
Al respecto, el embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier, refirió que Paraguay volvió a reiterar el pedido de captura internacional a la Interpol, a fin de evitar que vuelvan a evadir a la Justicia.
“La alerta roja en Interpol es para evitar que ellos salgan del país –Brasil- y si lo hicieran por cruces fronterizos. Hay que estar pendiente de que esto no suceda. Ellos gozan actualmente de total libertad, pero digamos que están ubicados y se conoce su paradero”, indicó en Monumental 1080 AM.
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Buena predisposición sobre revocatoria de refugio
Para el embajador paraguayo en el Brasil, si bien no se cuenta con un panorama seguro sobre la revocatoria de refugio de Juan Arrom y Anuncio Martí en Brasil, a su criterio, se siente la predisposición del Gobierno de Brasil para solucionar el tema.
No obstante, adelantó que la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) tiene su propio reglamento y se aguarda, con mucho optimismo, la decisión. Esto, atendiendo a que la próxima semana, el 14 de junio, el órgano de Brasil podría definir la revocatoria que le había pedido Paraguay.
“Estamos muy esperanzados y estamos con mucho optimismo esperando la decisión, pero su resultado no me atrevería a asegurar”, expresó.
Finalmente, adelantó que, una vez que se revoque el estatus de refugiados, se procederá al proceso de extradición para que Arrom y Martí sean sometidos a la Justicia paraguaya.
Ellos están imputados en Paraguay por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, ocurrido en 2001, y declarados en rebeldía por no comparecer en este proceso. Permanecen como refugiados políticos en el vecino país, desde diciembre de 2003.
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Ambos denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que fueron víctimas de supuestos hechos de tortura y desaparición forzada cometidos por el Estado paraguayo en el año 2002.
La CorteIDH emitió su fallo al respecto y declaró no responsable al Estado paraguayo, tras el juicio celebrado en Panamá y para el cual el propio presidente de la Pública, Mario Abdo Benítez, viajó hasta el país centroamericano.
Los argumentos de esta sentencia también podrían ser utilizados por el Gobierno brasileño para retirarles el refugio político.
