19 sept. 2025

Gobierno aguarda optimista la revocatoria de refugio de Arrom y Martí

Tras el histórico fallo de la CorteIDH a favor del Estado paraguayo en el caso Arrom y Martí, el Gobierno aguarda con gran optimismo una respuesta favorable respecto a la pérdida de status de refugiados en Brasil.

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El canciller Luis Castiglioni dijo estar pendiente de la respuesta de las autoridades del Brasil.

Foto: Raúl Cañete

Luego de haber logrado una victoria sin precedentes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el Gobierno Nacional se enfoca ahora en la revocatoria de status de refugiados de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán.

Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Castiglioni, dijo que aún están pendientes de la decisión de la Comisión Nacional de Refugiados del Brasil.

“Estamos muy optimistas nuevamente de que, por fin, puedan venir a responder ante la Justicia paraguaya”, expresó entusiasmado en un contacto con NoticiasPy.

Lea más: Corte IDH declara inocente al Estado paraguayo en caso de Arrom y Martí

El pedido aún se encuentra en etapa de evaluación, luego deberá ser remitido al ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, quien tendrá la última palabra.

Los prófugos de la Justicia paraguaya denunciaron al Estado paraguayo por secuestro y tortura ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sentencia resultó a favor del país.

Este fallo se dio a conocer tres semanas después de la sesión desarrollada en Buenos Aires, donde deliberaron y adoptaron la sentencia.

La audiencia pública se realizó en marzo pasado en Panamá y contó con la presencia del propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Nota relacionada: Arrom y Martí, a un paso de perder el estatus de refugiados en Brasil

La demanda entablada por Arrom, Martí y Colmán guarda relación con la supuesta desaparición forzada y tortura de las que fueron víctimas en el año 2002, de acuerdo a la denuncia.

Los mismos denunciaron que fueron detenidos por agentes estatales, quienes, aparentemente, los interrogaron sobre sus actividades políticas y los presionaron para que se declararan culpables del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi.

Los ex dirigentes del partido Patria Libre y sus familiares reclamaban en conjunto una indemnización de USD 123 millones.

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