08 oct 2026

Familia Pecci urge a la Corte para acceder a la investigación sobre crimen del fiscal

La familia de Marcelo Pecci presentó un urgimiento para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva una acción de inconstitucionalidad promovida en abril de este año, de manera que ellos puedan acceder a la información del Ministerio Público sobre el crimen del fiscal.

Hermanos de Marcelo Pecci, tras muerte de Correa Galeano.

El abogado Enrique Kronawetter (izq) junto a Francisco y Gabriela Pecci, hermanos del fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Colombia.

Foto: ARCHIVO/ÚH-Rodrigo Villamayor.

El abogado Enrique Kronawetter, en representación de los hermanos de Marcelo Pecci, presentó un urgimiento ante la Corte Suprema de Justicia que tiene pendiente resolver una acción de inconstitucionalidad vinculada al acceso a la carpeta fiscal abierta en Paraguay sobre el crimen.

La acción fue promovida en abril de este año, tras el fallo del Tribunal de Apelaciones que ratificó la negativa de acceso a la investigación, a tres años del atentado ocurrido el 10 de mayo de 2022 en Isla Barú, Colombia. Hasta el momento, la máxima instancia judicial no se ha pronunciado al respecto.

Los hermanos Francisco y Gabriela Pecci recurrieron al Ministerio Público para acceder a información sobre los avances de la investigación del asesinato, pero ante la negativa, la familia recurrió al juzgado, donde recibieron la misma respuesta de parte del juez Penal de Garantías Yoan Paul López.

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La Fiscalía y el Tribunal de Apelación argumentan que la divulgación de información pone en riesgo la investigación, aunque hasta ahora no se reportaron siquiera imputados en el marco de la carpeta N° 9088 de personas innominadas sobre homicidio doloso.

Por su parte, la familia garantiza el resguardo de la información relevante para la investigación porque, además, es una parte interesada para llegar al o los autores morales del crimen.

Los hermanos apelaron la resolución del magistrado, pero el Tribunal de Apelaciones rechazó el recurso con el voto de disidencia de Cristóbal Sánchez.

Este resultado adverso llevó a la familia a emplear el último recurso a nivel nacional que es la acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Los familiares no descartan recurrir a instancias internacionales.

Informaciones solicitadas por la familia

1. Acceso a información específica sobre las pesquisas realizadas y una evaluación preliminar sobre el progreso hacia una teoría del caso.

2. Cuáles son las hipótesis trazadas sobre la teoría del caso a la luz de lo ya investigado.

3. Qué pretende conocer respecto a las diligencias pendientes.

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4. Cuáles son los motivos por los cuales las diligencias están pendientes de realización, señalando los obstáculos para el avance y el modo en que se puedan superar las dificultades.

5. El tiempo estimado para que las evidencias y elementos colectados les permita sostener razonablemente una línea o líneas sobre la teoría del caso.

6. Contar con un respaldo documental de lo actuado por la Fiscalía, de modo que se pueda adoptar un temperamento procesal sobre dicha información, con la expresa obligación de que se asume mantener estricta reserva sobre el tenor de dicha información.

El crimen del fiscal Marcelo Pecci

El fiscal de Crimen Organizado, Marcelo Pecci, se encontraba de luna de miel con su esposa Claudia Aguilera en la isla Barú, en Cartagena, cuando fue abordado por un sicario que lo mató a balazos en la playa. El asesinato ocurrió el 10 de mayo de 2022, horas después de que la pareja anunciara el embarazo de la comunicadora.

Por el crimen fueron condenados en Colombia los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, Wendre Still Scott, Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta, así como los cómplices Marisol Londoño Bedoya y Cristian Camilo Monsalve Londoño.

Francisco Correa, considerado el cerebro del plan, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía colombiana y fue condenado en mayo de 2024 a seis años y medio de cárcel. Sin embargo, fue asesinado en su celda en enero pasado.

Por su parte, Margareth Chacón, quien obtuvo una pena de 35 años por su participación en el asesinato, sigue recurriendo a instancias para intentar revocar esta decisión.

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