Casi al final de la última sesión de la Junta Municipal, Grau presentó una minuta escrita a través de la cual explicó que las obras encaradas por la Municipalidad de Asunción traen como consecuencia una revalorización de los inmuebles que se hallan en el área de influencia.
“Por ende, la Municipalidad debe recibir un incremento en la recaudación del impuesto inmobiliario de esa finca. También se tiene que cobrar una contribución por obra pública, que es un porcentaje de la plusvalía que se genera en ese inmueble justamente por la obra”, dijo.
Recalcó que los inmuebles deben tener un valor previo y posterior a la construcción de la obra, y que un porcentaje de ese aumento se refleja en el pago de la contribución por obra pública.
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“Pero al no haberse hecho las obras que se tenían que hacer con el dinero proveniente de los bonos, de desagües pluviales, así como también el mirador de Itá Pytã Punta y la Terminal (...), privó a la institución de no poder percibir el incremento del impuesto inmobiliario de aquellos inmuebles que debían ser beneficiados por la construcción de los desagües cerca de sus propiedades”, expuso Grau ante el pleno.
Con la emisión del bono G8 (2022, G. 360.000 millones), la ciudad de Asunción debía ser beneficiada con ocho obras de desagüe que corresponden a las cuencas de Ayala Velázquez, España II, San Antonio y General Santos, Santo Domingo, Terminal, Universidad Católica, San Pablo y Abasto.
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Hasta el momento solo comenzaron cuatro, de las cuales los porcentajes de ejecución son bajísimos, de acuerdo con recientes declaraciones del interventor de Asunción, el economista Carlos Pereira.
La obra de San Pablo apenas tiene 30% de ejecución; la de Abasto, alcanza un 35%; la de Santo Domingo, 3,5%, y la de General Santos y San Antonio, solo 2%.
Solo por las obras de Abasto y San Pablo quedan pagar más de G. 94.000 millones. Por la obra de Santo Domingo, se adeudan más de G. 58.000 millones, y por Gral. Santos y San Antonio, más de G. 34.000 millones.
En el balance del primer cuatrimestre de 2025, la administración de Nenecho apenas rinde G. 932 millones en la cuenta del bono G8.
“Estos dos conceptos (incremento en la recaudación y contribución por obra pública) tenían que servir para pagar (...) el endeudamiento que se hizo con respecto al dinero de los bonos. (...) Son dos perjuicios que seguimos teniendo por culpa de la desaparición del dinero proveniente de los bonos que tenía que ser para obras”, aseguró el concejal Grau.
Subrayó que el hecho de que ambos conceptos se vieran perjudicados puede considerarse como una serie de perjuicios patrimoniales que causó la administración de Nenecho a las finanzas y a la institución municipal.
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“No hubo incremento del valor de los inmuebles, no hubo la contribución que está contemplada en la Ley Orgánica Municipal en su artículo 163, pero sí hubo pago de los intereses de los bonos que entre los que ya vencieron y se está en mora y se va a tener que pagar, con lo que se va a seguir venciendo en lo que queda del año, van a ser unos G. 80.000 millones”, apuntó Grau.
El concejal solicitó al equipo de la intervención que remita a la Junta, en un plazo no mayor a siete días, el importe no percibido por incremento del impuesto inmobiliario que debía darse si se hubieran realizado las obras en la ciudad.
También pidió que se informe sobre el importe pendiente de pago en concepto de intereses, el total de importe abonado en concepto de capital y el monto pendiente de pago de capital y de intereses de los bonos.
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Grau también pidió que el interventor informe a la Junta sobre la existencia de supuestas facturas falsas que se habrían encontrado dentro de la contabilidad de la administración de Nenecho.
“La DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios) informó de la existencia de facturas falsas para rendir cuentas del uso de los supuestos gastos que se hicieron con los G. 500.000 millones que desaparecieron. Entonces, nos vemos obligados y tenemos que pedirle a la intervención que nos remita el monto total de cada una de las facturas”, solicitó el edil.
“Si Nenecho renuncia, decidimos acá"
Consultado sobre la situación del suspendido intendente, quien podría, eventualmente, afrontar un proceso de destitución por las sendas irregularidades denunciadas durante su gestión, el concejal Félix Ayala (PLRA) explicó que el proceso siguiente es llamar a elecciones.
“Pero si él (Nenecho) renuncia, decidimos acá. Sería más lógico, por más corto tiempo que queda, de aquí a las elecciones municipales del año que viene”, aseguró el edil.
Precisó que en el caso de una renuncia, sería el concejal Luis Bello (ANR-HC) quien asumiría la intendencia. Entretanto, la vicepresidencia de la Junta Municipal quedaría a cargo del edil Mariano Cáceres (ANR-HC).
Ayala también se refirió a la destitución de Miguel Prieto. Mencionó que, al menos internamente, los colorados podrían “buscar la vuelta” para que Nenecho renuncie.
“Desde su partido, porque al final están todos. Ayer votaron también los de Fuerza Republicana. Es mentira que hay dos partidos colorados. Hay un solo partido y está manejado por Horacio Cartes”, externó.
Acerca de la situación irregular en el manejo de los bonos, Ayala reiteró que desde su perspectiva no se debería condenar la utilización de este crédito, puesto que puede ayudar a la ciudad con obras que tardarían bastante si solo se dependiera de la recaudación.
“Aquí el problema con los bonos fue la mala utilización de los recursos que tenían que estar en una cuenta blindada. Pero los bonos son la herramienta por excelencia que tienen los municipios en Paraguay y el país, incluso, para realizar obras”, dijo.
Detalló que solo por la obra de Molas López, financiada con dinero de bonos, se pagaron cerca de USD 15 millones, y que el dinero recibido en concepto de desagüe pluvial alcanza USD 1 millón por año.
“Es decir, nos hubiese tomado 15 años hacer Molas López. Y ni hablemos si sumamos Rocío Cabriza, España y compañía”, indicó.
Recordó que el manejo realizado por la administración de Nenecho no tuvo en cuenta que esos recursos debían estar blindados. En su lugar, justificó el abuso de este dinero por medio de la figura de la Cuenta Única.
“Pero la Cuenta Única nunca te dijo que vos podías hacer lo que querías con el dinero”, dijo Ayala.
“La decisión que tome (Nenecho) es absolutamente personal”
El edil Javier Pintos (ANR) respondió por su parte que toda decisión que se refiera al suspendido intendente recae en su propia responsabilidad.
“La decisión que tome hoy Óscar Rodríguez es absolutamente personal. Él evaluará conforme a sus propios parámetros, a su propia realidad, a su propia visión de lo que pasó y de lo que pudiera pasar en el futuro con él en particular”, aseguró Pintos.
Reiteró que la decisión de Nenecho es “estrictamente” personal y que en el caso de que se dé una destitución o una renuncia, “el que resulte electo por uno u otro camino deberá plantear objetivos bien claros, socializados y compartidos con la Junta Municipal, con planes que permitan recuperar la confianza ciudadana”.
La edil Rosanna Rolón (ANR) aseguró por su parte que la Constitución Nacional “dice que se deben realizar las elecciones una vez que se haya aprobado el dictamen en contra de la gestión del intendente”.
Recordó que Nenecho ya manifestó en reiteradas ocasiones que no renunciaría, por lo cual descartó en un principio que esto pudiera darse.
“Eso creo que estaría descartado, pero en caso de que un minuto antes renuncie, pues en ese caso va a haber elecciones y hay que prepararse”, apuntó.
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Álvaro Grau afirmó a su vez que espera que la Junta tenga acceso al informe final del interventor y añadió que el proceso de intervención “tiene que terminar solamente con la destitución de este intendente cachafá".
“Esto se tiene que derivar a la Justicia y este tipo tiene que ser procesado. Él y todos los involucrados, los responsables, los cómplices de todo esto que ocurrió porque no terminan de saltar cuestiones. Él no merece ningún tipo de respeto por parte de los asuncenos ni las autoridades en la Cámara de Diputados”, aseveró.
