Fue durante la sesión de esta mañana del pleno de la Corte Suprema de Justicia, a lo que se sumaron el ministro Alberto Martínez Simón y su colega César Garay, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que adelantó que propondrá el tema en ese organismo para investigar a los fiscales del caso. Víctor Ríos habló del caso del incendio en el cerro Chovoreca que quedó impune. Indicó que revisó las actuaciones del fiscal, que dijo “una vez más, deja mucho que desear”. Citó las actuaciones del fiscal para ver “qué fue lo que hizo el Ministerio Público para investigar un hecho tan grave”.
Remarcó que el primer fiscal del caso fue Nelson Colmán y el segundo fiscal de apellido Godoy. “Ambos no se caracterizaron por ser muy eficientes”, acotó. El ministro dijo que tras el hecho, señaló las medidas que tomó con respecto al caso.
Leyó las diligencias realizadas. Citó: “Pedidos de informe a la Dirección del propio Ministerio Público. Oficio a la Dirección de Delito Ambiental del propio Ministerio Público. Oficio a la Municipalidad de Bahía Negra. Oficio al Ministerio de Medio Ambiente. Oficio a la Dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público. Oficio a la Policía Nacional. Oficio a la Dirección de Hechos Punibles de Alto Paraguay”.
También mencionó un oficio del 11 de setiembre de 2024 al Servicio Nacional de Catastro, luego otro oficio al Instituto Nacional Forestal (Infona), además de la citación de declaración testimonial.
Una declaración testifical
“Y uno dice: ‘Bueno, evidentemente habrá convocado a los policías que hicieron el informe. No, al funcionario de nombre Rodrigo Gavilán del funcionario de prensa del Mades’”.
Luego habló de la indagatoria a Hugo Miguel Zelaya Jara, quien aparece como propietario. “Esto como nota al pie, porque no pude confirmar oficialmente el dato. Pero por la información que se maneja es que este señor que aparece como propietario del inmueble es chofer de un ciudadano brasileño”.
“Y de confirmarse esto, bueno, a mí me gustaría ser chofer de este señor que evidentemente paga muy bien si es que este es el chofer y es propietario de una gran extensión de tierra”, remarcó Ríos.
El ministro de la Corte indicó que el fiscal “planteó la constitución en el lugar, no del fiscal, sino de la Dirección de Delitos Ambientales del Ministerio Público que nunca se realizó”.
Citó que hubo una imputación, pidió plazo de investigación de seis meses, y luego “se produce el cambio del fiscal en febrero de 2025 y qué otras investigaciones. El requerimiento fiscal fue sobreseimiento provisional”.
Tras criticar el pedido, acotó que “el Ministerio Público no pidió ni prórroga ordinaria ni prórroga extraordinaria. Cinco meses de investigación. Ni el primer fiscal ni el segundo obviamente que presentó el requerimiento conclusivo”.
Sobreseimiento provisional
”¿Para qué el sobreenriquecimiento provisional? Esto es una joya, así que yo creo que esto si ve Binder va a modificar también muchos de sus manuales de Derecho Procesal. Es para lograr las declaraciones de los agentes de la Comisaría 8ª de Bahía Negra que realizaron el procedimiento”, acotó.
“O sea, agentes policiales que son los que hicieron el primer procedimiento. Durante cinco meses nunca se le ocurrió al fiscal que había que tomar declaración testimonial a los policías intervinientes. No se le ocurrió que podía pedir una prórroga ordinaria ni mucho menos la extraordinaria, sino sobreseimiento provisional para llamar a declarar a los policías que intervinieron que realizaron la primera intervención”, criticó.
Indicó que también para tomar declaraciones a funcionarios y fiscalizadores del Mades y del Infona. “Y la Constitución para la verificación en el lugar que fue afectado por la quema con técnicos de la DEA. Después de seis meses, después de siete meses se le ocurre al fiscal que tenía que ir al lugar. Y hay un pequeño detalle. Para ese entonces, ya entró una etapa de mucha lluvia en la zona, entonces ya poco y nada es lo que se podía ver”, expresó.
Con ello, dijo que dejó servida a la defensa para pedir el sobreseimiento definitivo porque las diligencias eran inconducentes. Los jueces, al ver la negligente investigación, no tuvieron otra alternativa que conceder el pedido, lo que fue ratificado por el Tribunal de Apelación.
“Realmente, para no usar calificativos más fuertes, fue una negligencia exasperante para justificar la impunidad de un hecho tan grave como fue el incendio del cerro Chovoreca”, remarcó.
Por su parte, el ministro Martínez Simón aclaró que los jueces de forma objetiva juzgan los hechos, y que se quiere responsabilizar al Poder Judicial.
