Miembros de la comisión vecinal Virgen de Fátima II, de Tablada Nueva, presentaron ante la Junta Municipal una nota en la que se expone nuevamente la preocupante situación por la que atraviesa el barrio debido a la presencia de los frigoríficos.
La nota alude a una acción de inconstitucionalidad promovida recientemente por las empresas Frigomerc SA y Beef SA, ubicadas en la zona.
Sobre las empresas, la nota refiere que sus actividades industriales “generan una grave y constante contaminación ambiental, especialmente atmosférica, mediante la emisión de olores intensos y persistentes que afectan directamente la calidad de vida de los habitantes”.
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La lectura de este documento se realizó durante la última sesión de la Junta Municipal. El concejal Humberto Blasco (PLRA) se manifestó al respecto defendiendo la normativa municipal, argumentando que la acción de las empresas “atenta contra la autonomía municipal” y que la ciudad ya no puede tolerar tales actividades industriales debido a que “la infraestructura vial, ambiental, de tránsito, no puede soportar estas actividades que estaban de algún modo admitidas al principio de la década del siglo pasado”.
El edil afirmó que la regulación territorial por parte de la Comuna no es inconstitucional ni tampoco arbitraria o injusta, y recordó que se otorgó un periodo de gracia “sumamente razonable para que de manera programada se ejecuten los traslados correspondientes”.
Consideró que el único sentido que le encuentra a que las empresas permanezcan, tiene relación con la Ley 881/80 que establece el régimen tributario para la Municipalidad. Dicha normativa, como indicó Blasco, “favorece que vengan a hacer sus sacrificios en la ciudad, trasladando trasganado de doble acoplado en nuestras calles que están hecho pelotas”.
“En hora pico meter en un barrio donde el trazado de las calles corresponde a la época de la Colonia, de 12 metros de ancho, no tiene sentido”, observó.
Por su parte, el concejal Javier Pintos (ANR) explicó que la ordenanza que promueve el traslado de los frigoríficos surgió tras una serie de denuncias de los propios vecinos. La normativa fue motivada por los impactos negativos que genera el faenamiento en la zona.
Recordó, en este sentido, los graves antecedentes, como los siniestros sucesivos que se dieron con la pérdida de amoniaco en distintas empresas, según explicó.
Pintos defendió que la iniciativa fuera amigable y se construyese según el consenso, garantizando una amplia participación, con numerosas audiencias públicas y reuniones.
Destacó, por otro lado, que se modificó el uso de suelo para darle “un plusvalor a las empresas formalizadas que aceptasen cumplir lo dispuesto en la ordenanza”.
Durante la sesión, Augusto Wagner (PLRA) propuso que la Junta emitiera una resolución para solicitar a la sala constitucional una audiencia en la que se pueda estudiar la problemática que existe con respecto a la instalación de estas industrias dentro de la franja costera norte.
Blasco formalizó la moción, proponiendo, además de solicitar una audiencia, que se constituya una comisión para exponer la validez de la ordenanza ante los miembros de la Sala. Añadió que la Junta debe pronunciarse de inmediato en contra de la referida acción de inconstitucionalidad, “porque es lesiva al interés de la ciudad”.
El concejal Nasser Esgaib (ANR-HC) apoyó la iniciativa, pero solicitó contundencia en la presentación ante la Corte, advirtiendo que en la audiencia deben presentarse por lo menos 10 o 12 concejales. La moción presentada por Blasco fue sometida a consideración y aprobada por la Junta.
