Desde la Comisión Escrache Ciudadano señalaron –a través de un comunicado– que la manifestación o escrache constituye un llamado de atención sobre las injusticias que agobian a la ciudadanía, por lo que preguntaron ¿cuáles son las acciones que se le permiten a la sociedad, frente a la coacción que recibe?
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Los manifestantes salieron al paso de lo expuesto por la Asociación de Fiscales del Paraguay, que criticó la presión ciudadana y los supuestos atropellos a sus domicilios para que presenten avances en las investigaciones de sonados casos.
En ese sentido, desde la Comisión Escrache refirieron que si no se actúa en defensa de la institucionalidad de manera clara, sancionando a todos los responsables, cualquier resolución fiscal o jurisdiccional contraria a dicho principio, así como quienes los pronuncian estarán bajo la sospecha legítima de la sociedad, cuyo malestar difícilmente podrá ser contenido en un momento dado.
De la misma manera, indicaron que los agentes fiscales, en su mayoría, no representan a la sociedad paraguaya, desconocen las normas, violan el derecho de las personas y las maltratan, además de no investigar los hechos punibles y mucho menos aquellos vinculados a la corrupción política.
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“Entonces, no sería mejor que el Ministerio Público cumpla su rol, representando a la ciudadanía, luchando frontalmente contra la corrupción, y luego vemos cómo parar los escraches”, remarcaron.
Asimismo, indicaron que el presidente de la Asociación de Agentes Fiscales, Ricardo Merlo, viola el artículo 254 de la Constitución Nacional, que habla de las incompatibilidades.
“Los magistrados no pueden ejercer, mientras duren en sus funciones, otro cargo público o privado, remunerado o no, salvo la docencia o la investigación científica, a tiempo parcial. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional o política alguna, no desempeñar cargos en organismos oficiales o privados, partidos, asociaciones o movimientos políticos”, detalla dicho artículo, que rige también para los fiscales, según el artículo 270 de la Carta Magna.
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Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía a estar atenta con lo que pueda pasar con los activistas sociales y luchadores por los derechos humanos, quienes vienen defendiendo la frágil democracia, “pues con el comunicado de referencia el Ministerio Público advierte que seremos pasibles de imputaciones penales para silenciar nuestras voces”.
El grupo de ciudadanos viene escrachando a políticos con procesos ante la Justicia desde hace casi un año, y en los últimos meses también a los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, por una falta de imputación al ex titular de la Cámara Baja, el diputado Miguel Cuevas, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.
