En un mercado pequeño y altamente concentrado, donde las decisiones recaen en unos pocos, la tentación de ignorar las reglas de la libre competencia es casi inevitable. Esta dinámica facilita prácticas que perjudican no solo al consumidor, sino también a la economía en general.
Esta concentración se manifiesta en que unos pocos actores dominan la mayoría de los rubros. Las grandes marcas no solo absorben a los competidores más pequeños, sino que también limitan la variabilidad de precios. Esto explica por qué los precios son casi idénticos de un local a otro, eliminando la principal ventaja de la libre competencia: La posibilidad de elegir la mejor oferta.
Esta situación también se refleja en denuncias a diario en redes sociales: Del remarcaje injustificado de precios, los descuentos fantasmas o las promociones engañosas. Sin embargo, estas quejas rara vez encuentran eco en las instituciones de control. Esta dinámica no se limita a los supermercados, que a su vez son grandes importadores. Se replica en otros sectores claves de la economía, como los frigoríficos, las farmacias, los combustibles, telefonías, etc.
El problema de fondo es que las instituciones encargadas de velar por los consumidores, la Conacom y la Sedeco operan con graves limitaciones. La falta de recursos humanos y técnicos restringe su capacidad de acción, y sus controles apenas llegan a Asunción y el área metropolitana.
El caso de los combustibles es otro ejemplo contundente. Vimos cómo los precios se fijaron de forma especulativa en la última suba, sin que nadie rindiera cuentas. Los responsables no solo se callaron, sino que simplemente impusieron sus condiciones, demostrando una vez más la debilidad del Estado frente a estos actores.
Lo extrañamente llamativo es que el dólar viene en picada desde aproximadamente 45 días, contra todo pronóstico, sumado a que en julio el Brent registró una variación interanual de -17,6% y el WTI -16,9%. Pero seguro la respuesta es que todavía se tiene stock con los precios anteriores y realizarán la compra justo en el momento en que suban los precios para justificar más subas.
Según el último informe de inflación del BCP, la proporción de las subas de la canasta del IPC se registró en el 46%. Según explicaron los técnicos, la mayoría son de producción local, mientras que el 54% restante vienen siendo los importados, que si bien bajaron de precio fue de forma muy marginal y en otros se mantuvieron. Esta inercia inflacionaria pone en jaque la meta del BCP, que busca cerrar el año en 4,0%. Con una inflación interanual de 4,3% a julio, la única forma de alcanzar ese objetivo sería con una deflación en los próximos meses. Y es precisamente esta presión la que explica por qué el Gobierno se ve obligado a recurrir a un llamado público a los empresarios o a advertir sobre controles que, hasta ahora, han sido casi inexistentes.
