Para analizar a profundidad todos los proyectos de modificación a la Ley de Informconf la bancada llanista del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se reunirá esta semana, las veces que sean necesarias para elaborar una única propuesta para presentar al Senado, informó Fernando Silva Facetti este domingo.
“Estamos viendo surgir varias propuestas legislativas de manera desprolija y apurada para parchar, una vez más, una ley ya parchada”, refirió el parlamentario.
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Cuestionó que en menos de seis meses surgieron seis propuestas legislativas que tratan el mismo tema, y que incluso dos ya tienen media sanción en Diputados, y tratan los mismos artículos de la ley ya modificada. Agregó que esto hace que la situación sea confusa.
“Sabemos que el proyecto de ley tienen algunas lagunas legislativas que deben ser incorporadas, por lo que, desde su presentación, realizamos mesas de trabajo y solicitamos el parecer técnico y jurídico a entes públicos, privados y sectores de la sociedad civil”, especificó.
Manifestó que el objetivo final, tanto de su bancada como de todos los proyectistas anteriores, es lograr una ley integral que garantice los derechos fundamentales de los ciudadanos como la intimidad, la autodeterminación informativa, la libertad, la seguridad y el trato justo de las personas.
El proyecto sobre el que trabajan los llanistas consta de seis capítulos, los que contemplan, en líneas generales, las propuestas planteadas en los proyectos ya presentados.
Capitulo I. Se define el objetivo específico de la ley y sus delimitaciones como datos personales, datos personales de acceso irrestricto, datos personales sensibles e información crediticia.
Capítulo II. Trata principios y derechos básicos para la protección de datos personales, consagrando el derecho a la intimidad, autodeterminación informativa y el consentimiento informado, así como la obligación de toda persona que solicite información personal de pedir autorización del titular para acceder a los datos.
Aquí se incluirían excepciones que serán establecidas taxativamente. Este capítulo también trata de la seguridad de los datos, deber del secreto y derecho del titular a acceder a la información y la supresión de los datos cuando estos no sean veraces o estén restringidos según la ley.
Capítulo III. Define los límites y las instituciones que podrán acceder a la información crediticia, delimita la utilización de ésta información a usuarios debidamente identificados.
Así mismo, establece los derechos de los titulares a conocer qué sociedad posee información sobre su persona. Podrán delimitar a las sociedades de información crediticia a publicar por un tiempo máximo de cinco años.
Capítulo IV. Establece como órganos de control al Banco Central del Paraguay (BCP) en lo respectivo a información crediticia, y a las sociedades de información crediticia, Secretaría de Defensa del Consumidor para las demás empresas que registren información de datos personales.
Capítulo V. Trata de las infracciones y sanciones a aplicarse ante el incumplimiento de la presente ley.
Capítulo VI. Establece disposiciones transitorias y finales.
Los proyectos
Entre los proyectos de modificación de ley que se presentaron durante este periodo tanto en Cámara Alta como en Diputados están el del diputado liberal Carlos Portillo, cuya propuesta modifica y amplía la ley para que los datos personales crediticios no sean vinculantes para acceder a un puesto laboral, como ocurre actualmente.
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Otro proyecto es del diputado Hugo Ramírez, quien planteó limitar el acceso a los datos personales a terceros, estableciendo como condicionante la autorización expresa del titular de los datos en cada caso que se quiera acceder a su información.
Ambas propuestas fueron aprobadas en Cámara Baja en las últimas semanas.
Otra iniciativa es del senador Paraguayo Cubas, quien sugirió que los datos personales crediticios sean accesibles únicamente a entidades financieras, y prohibir el acceso a otras entidades comerciales.
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El parlamentario Patrick Kemper también hizo una propuesta y fue que solo se registren las deudas vencidas no reclamadas judicialmente de montos superiores a dos salarios mínimos.
