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Las tarifas de la corrupción en la cárcel de Tacumbú

En el interior de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú se ofertan todo tipo de productos que están prohibidos y que pueden ser adquiridos por las personas privadas de libertad. Además los reclusos pagan por una celda, para salir del calabozo, inclusive para ir a sus comparecencias sin esposas.

Según un informe emitido este miércoles por Telefuturo, en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú ingresan varios productos ilegales, que son comercializados sin ningún tipo de inconvenientes entre las personas privadas de libertad.

Los precios son fijados por los encargados de seguridad del penal y para tener heladera se debe abonar la suma de G. 700.000 y por un frezzer G. 1.200.000.

Para la venta de whisky de manera semanal se debe abonar G. 1 millón, mientras que, para la venta de crac se paga semanalmente G. 500.000.

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Los reclusos que deseen evitar que sean trasladados deben abonar la suma de G. 15 millones, para mantener la utilización del celular por día se debe pagar G. 10.000, y para adquirir un celular se tiene que pagar G. 200.000.

Si las personas privadas de libertad desean tener una celda enfrente tiene que pagar entre G. 2 millones a G. 5 millones. Para salir del calabozo de castigo se abona G. 100.000 a G. 1 millón.

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Para las comparecencias al Juzgado más cercano se paga G. 50.000 y si el Juzgado está lejos, los reclusos deben pagar G. 500.000.

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Negarse a comparecencia donde alegan móvil descompuesto tiene un costo de G. 500.000, comparecencia sin esposas cuesta G. 50.000 y para la habilitación de la cantina por día se paga G. 500.000.

En la tarde de este martes, Domingo Antonio Amarilla Florentín fue removido de su cargo como director de la Penitenciaria Nacional de Tacumbú, como consecuencia de la mortal revuelta registrada el pasado martes 16 de febrero, que dejó como saldo siete fallecidos, tres de ellos decapitados.

La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, designó a Rodolfo Julián Bernadet como nuevo director de dicha penitenciaría, dependiente de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia.

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