Los cartistas y algunos liberales que firmaron el pedido de pérdida de investidura de la senadora Kattya González le atribuyen el “uso indebido de influencias en su calidad de miembro de un poder del Estado: el Poder Legislativo”.
Para los firmantes hay un “uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado”. Entre los “hechos que sustentan el pedido de pérdida de investidura” está la “expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, producción y uso de documentos públicos de contenido no auténticos y cobro indebido de honorarios en carácter de cómplice” en el caso de Soledad Blanco.
Sostuvieron que Kattya avaló su presencia en “total tiempo de ausencia” de Blanco durante noviembre y diciembre del 2023. Aparentemente, González firmó las planillas de asistencia cuando Blanco se encontraba fuera del país, según un informe de la Dirección Nacional de Migraciones.
Inclusive, ambas intentaron justificar la situación “valiéndose de la modalidad de teletrabajo”, pero de acuerdo con el documento, la ley de teletrabajo debe ser acordada entre las partes, ya sea desde el inicio de la relación laboral o con posterioridad a ella.
“Circunstancia que no aconteció bajo ningún sentido entre la administración contratante y la funcionaria”, agregaron en el documento.
En el caso de José Torales, en el libelo acusatorio los senadores firmantes señalan que la solicitud de designación en el cargo y asignación de complementos salariales va en abierta contravención a las disposiciones normativas y al formalismo que impone el derecho administrativo.
Recordaron que la misma González solicitó que Torales sea designado director de bancada del Partido Encuentro Nacional (PEN). Para los firmantes, “se erige en la prueba fehaciente de su injerencia y el uso indebido de sus influencias (…) queda en total evidencia” que se valió de su cargo y condición de senadora para pedir por el ex titular del PEN.
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También citaron el hecho de que Torales fue comisionado de la Contraloría General de la República (CGR). Alegaron que el reglamento interno de la institución “restringe cualquier tipo de participación en actividades de índole político-partidaria o proselitista de sus funcionarios”.
Aunque el mismo contralor Camilo Benítez sostuvo que no hay razones para echar a Kattya del Congreso, el fiscal acusador, Dionisio Amarilla, pasó por alto estas declaraciones.
Otro hecho es el de “exposición de un miembro de las fuerzas policiales al cumplimiento de actividades eminentemente políticas y partidarias en abierta contravención a las disposiciones constitucionales y normativas”.
De acuerdo con el documento, González pidió la prórroga del comisionamiento del suboficial primero César Augusto Portillo Alvarenga, funcionario de la Policía Nacional, para desempeñar funciones como jefe de Gabinete de su despacho parlamentario en la Cámara de Senadores”.
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Fue en noviembre del 2023. Recordaron que la participación de la Policía en actividades políticas está prohibida por la Constitución Nacional en su artículo 175 y la ley orgánica de la Policía Nacional, en sus artículos 7° y 11°.
El documento también señala la denuncia presentada ante el Ministerio Público por un posible hecho punible de tráfico de influencias en octubre del 2023. La denuncia la hizo Carlos Damián Cardozo Ortega luego de que se descubriera que González cursó una maestría y un doctorado en tiempo récord.
El pedido será tratado este miércoles, desde las 10:00, en sesión extraordinaria.
