Luego de varias dilaciones presentadas en el marco de la investigación, Carlos César Haitter, intendente de Salto del Guairá, afrontará juicio oral y público.
Así lo resolvió el juez Santiago Núñez Gómez, a cinco meses de la extinción del proceso judicial.
El jefe comunal fue acusado por un supuesto hecho de lesión de confianza que deriva de su anterior administración municipal, periodo 2005-2010.
El fiscal Vicente Rodríguez expresó que existen pruebas irrefutables sobre la responsabilidad de Haitter en la mala utilización de recursos del erario público.
La investigación refiere irregularidades en la ejecución de obras dentro del Municipio en contubernio con varias empresas, cuyos representantes también están siendo procesados.
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El magistrado decidió rechazar las últimas acciones presentadas por los abogados defensores sobre nulidad de acusación, excepción de falta de acción y el pedido de sobreseimiento definitivo.
El proceso judicial guarda relación con una denuncia formulada por el abogado Aureliano Brítez en el mes de marzo del año 2014, sustentada en la auditoría practicada por la Contraloría General de la República (CGR).
La misma arrojó como resultado el supuesto faltante de G. 1.200 millones, ratificado por la auditoría contable del Ministerio Público.
Los contratos que están objetados son los firmados con las empresas Venancio Filomeno González, Ybyturuzú CICSA, Tape Porã SRL, Hidrolatina SA, M&T Construcciones y RG Construcciones.
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Los trabajos tenían que ver con empedrados en varios tramos de la ciudad de Salto del Guairá. Los empresarios cuentan con sobreseimiento provisional, pero la causa aún está abierta.
De comprobarse el hecho, Carlos César Haitter se expone a una pena de hasta 10 años de cárcel, según el representante del Ministerio Público.
La jueza Yaninde Ríos será la encargada del sorteo para la integración del tribunal este lunes. Posterior a la integración, el presidente deberá fijar la fecha de juicio.
Haitter tiene otra denuncia en contra, formulada por los concejales Silvio Escobar, Ramona Verón y Eligio González por los supuestos delitos de lesión de confianza, estafa y asociación criminal, que involucra a la firma Yukon SA, empresa contratada para ejecutar obras en el Municipio.
