El informe de intervención de la Municipalidad de Asunción revela que hubo pedidos de coimas de entre G. 500.000 y G. 1.000.000. La Dirección de Catastro expuso un caso identificando un expediente con la Cuenta Corriente Catastral N° 15-0190-12. “El contribuyente refirió que se le pidió coima de G. 1.000.000 para moverle el expediente en los Departamentos de Topografía y de Bienes Inmobiliarios”, dice el documento remitido por la Dirección de Catastro durante la fiscalización.
La supuesta víctima prefirió no radicar la denuncia formal ante el Ministerio Público.
Otro caso de coima involucró al funcionario Rober Soler, del Departamento de Bienes Inmobiliarios, según el documento de la intervención.
La ciudadana Petrona Rodríguez Chamorro, identificada como ocupante precaria del barrio Virgen de la Asunción, denunció verbalmente que Soler le “habría supuestamente solicitado G. 500.000 hace unos tres años, para hacerle un contrato de arrendamiento del lote de dominio privado municipal que ocupa, a lo que no habría accedido”.
El Municipio, según el informe, no realizó ningún trámite para obtener algún tipo de ingreso formal en concepto de alquiler, ni tampoco pudo recuperar la posesión de los actuales ocupantes. El terreno en cuestión es identificado con la Cuenta Corriente Catastral N° 15-0015-32.
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Un último caso se detalla en el informe de la Dirección de Catastro. Se trata del expediente N° 6036/23, 11021/23, 11769/23, referente al informe de lote y cambio de nombre de facturas de servicios públicos de Essap y ANDE, relativos a la Cuenta Corriente Catastral N° 12-0464-09, registrada en el barrio Mburicaó.
“En el Departamento de Topografía, refiere el ocupante que se le solicitó dinero para continuar los trámites, pero al no pagar por no disponer supuestamente de recursos, se paralizó el expediente”, revela el informe.
Hubo, sin embargo, un tratamiento distinto con el expediente del tío de la denunciante, Marcio Leguizamón, quien –según la ocupante Sonia Leguizamón– “ni siquiera reside ni ocasionalmente en el lote municipal ocupado”.
Falta de regularización y alto nivel de morosidad
Además de las ocupaciones irregulares, el informe expone sobre la existencia de terrenos alquilados, con una alta tasa de morosidad. También habla de inmuebles en proceso de censo y loteamiento, “e incluso algunos en proceso de desafectación parlamentaria”.
Las zonas con lotes censados corresponden a Pro País II, con 402 lotes; Mundo Aparte, con 25 manzanas, de las cuales 9 ya están catastradas; Loma Pytã, con 200 lotes con avances solamente en la Manzana C; Viñas Cué, con 400 lotes pendientes de desafectación parlamentaria, y Las Mercedes, también pendiente de desafectación parlamentaria.
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El documento informa además sobre proyectos de regularización menores en los barrios Mbocayaty, San Pablo, Madame Lynch, Ykua Satî, entre otros. Se detalla sin embargo que hay expedientes administrativos de Catastro con “tramitación muy inusual respecto de lo consuetudinario en los procesos de adjudicación por venta de inmuebles del dominio privado municipal”.
El informe cita los expedientes 10498/23, 3590/24 y 3591/24 a nombre de Ricardo Gómez Luján. Dicho documento responde a un informe de lote y conexión de servicios públicos de ANDE y Essap en un “lote baldío amurallado sobre la avenida Ñu Guasu”, en el barrio Mbokayaty.
También se cita otro expediente a nombre de Sebastiana Mendieta de Colmán, de un terreno ubicado en Médicos del Chaco esquina Mayas, del barrio Vista Alegre.
“Se recomienda una auditoría de estos expedientes, ya que los lotes afectados son de alto valor por su ubicación estratégica, y sus procesos de venta no fueron realizados conforme a la normalidad y legalidad institucional”, señala el informe, y añade que podría generarse un “perjuicio patrimonial al Municipio” si no se toman acciones urgentes de auditoría.
Puntos críticos en la Dirección de Catastro
De acuerdo con el análisis del equipo de la intervención, hay faltas técnicas serias en los departamentos que conforman la Dirección de Catastro, que corresponden a Topografía, Técnico Catastral, Bienes Inmobiliarios, Necrópolis y SIG Municipal.
Entre los puntos más críticos se mencionan la falta de mensura y catastración de terrenos ocupados, valuaciones realizadas sin software actualizado ni respaldo legal vigente, información crítica alojada en equipos no institucionales, ausencia de georreferenciación y archivo digital completo de bienes municipales, deficiencias en el control físico y administrativo de cementerios e incompatibilidad entre el SIG Municipal y el sistema de recaudación SATI.
Para subsanar estas fallas, el equipo de la intervención recomendó la contratación de personal técnico y la salida del personal que ingresó sin criterio técnico.
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También propuso la implementación de un incentivo consistente en un 3% “sobre el total efectivamente recaudado por la Municipalidad, destinado a los funcionarios que intervienen en los procesos técnicos y administrativos”. Esta medida buscaría evitar situaciones irregulares como la “retención de expedientes o la conversión de trámites en mecanismos de coima”.
Otra propuesta fue la digitalización completa de archivos y antecedentes y “la validación obligatoria por jefaturas técnicas antes de modificar datos tributarios”.
Denuncia penal
El pasado 1 de agosto, Última Hora publicó una serie de notas sobre el modus operandi de los funcionarios municipales que realizan aprietes en locales comerciales. En el informe de la intervención se expone la denuncia realizada ante el Ministerio Público por la detección de 100 actas de intervención en la Dirección de Salubridad, “que se guardaron durante más de dos años sin remitir al Juzgado de Faltas”.
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“Con ello se dejó prescribir las multas que debieron aplicarse, generándose un enorme perjuicio patrimonial al Municipio”, expone el informe, que también apunta a “la alta posibilidad de contubernio necesario entre funcionarios municipales a cambio de alguna ventaja que pudieron entregar los comercios intervenidos, para que las actas hayan sido retenidas en lugar de cumplirse la normativa que dispone su remisión al Juzgado (...) antes de los dos años”.
La intervención apunta que se habría incurrido en la presunta comisión de delitos de lesión de confianza, cohecho pasivo agravado y la exacción.
“La violación de la normativa aplicable es patente –confirma el informe–, y el perjuicio patrimonial y reputacional” del Municipio por causa de los funcionarios que “se prestaron a este accionar a toda luz ilegal y en traición a los intereses comunales, es evidente”.
