Al igual que otros casos expuestos recientemente por autoridades del Municipio, en este se refleja el modus operandi de los funcionarios municipales que supuestamente operan en secreto con propietarios para desalojar a ocupantes de terrenos municipales, a través de aprietes, para luego transferir los derechos de manera ilegal.
El caso de Silvana comenzó con una notificación del 16 de mayo de este año, proveniente de la Dirección de Catastro Municipal. La finalidad del documento fue requerir el pago del canon por arrendamiento con la presentación de la documentación respectiva al uso del inmueble. El documento le otorgaba 48 horas para responder, según el testimonio de la mujer.
No obstante, la notificación que recibió no hablaba de montos ni refinanciación. La llegada del documento generó pánico y ansiedad en las hermanas de Silvana.
La situación se complicó cuando debió viajar a Argentina para atender a su padre, quien sufre una discapacidad psiquiátrica. A su regreso, se encontró con que su casa estaba vacía, prácticamente saqueada. “Encuentro candadeado, y voy a la Municipalidad y me dicen: Ahora ya no podés entrar, la Municipalidad ya tomó posesión”.
Según el testimonio de la mujer, sus hermanas, presionadas por el miedo al desalojo, “negociaron” a un precio muy bajo con un vecino interesado. “Este señor hizo un acuerdo con mi familia para que se retire del lugar”, dijo, y añadió que de hecho fueron los funcionarios municipales quienes le informaron sobre la venta.
Silvana fue a la Municipalidad a hacer el reclamo en la Asesoría Jurídica. “Tiraron la muralla de mi casa, entraron con un tractor”, recordó.
Maltratos. Al acudir a la sede central de la Municipalidad, su caso se derivó a la Asesoría Jurídica. La mujer relató que allí sufrió de maltratos por parte de una abogada que la atendió en el octavo piso, el mismo desde el cual se operaban irregulares gestiones de cobros que el propio interventor, Carlos Pereira, denunció durante el proceso de intervención.
La situación también fue puesta en evidencia tras una denuncia realizada por el concejal Álvaro Grau, quien durante una reciente sesión de la Junta Municipal aseguró que una cofradía de abogados trabaja para dificultar que los contribuyentes paguen sus impuestos, debido al alto costo de las gestiones de cobros.
“Ella (la abogada de la Municipalidad) me obliga a firmar mi renuncia al terreno. Me dice: ‘Vos ahora mismo vas a firmar tu renuncia, y ahí me largo a llorar, yo no te explico el maltrato... En mi vida me han maltratado así”, contó Silvana sobre la situación que vivió en el octavo piso.
El texto que finalmente firmó fue una respuesta a la notificación municipal en la que detallaba lo sucedido, mas no una renuncia, precisó. Añadió que la abogada le indicó que no serviría de nada que contrate a un abogado para accionar en contra de la Municipalidad, puesto que iba a perder, según la abogada. “Yo quiero vivir en mi casa, yo quiero pagar lo que corresponde, o sea, yo vengo a hacerme cargo, vengo por mi derecho, porque tengo un expediente abierto”, afirmó.
Remarcó que ella tuvo y tiene la predisposición de regularizar su situación, pero que en la Comuna le pidieron sumas entre G. 100.000 y G. 300.000 para que sus documentos se movieran de un departamento a otro.
Despojo. Señaló que la Municipalidad le niega el acceso a su propio expediente, el cual estaría en poder de la dirección desde la cual la maltrataron.
Recordó que incluso después de que la Comuna tomara posesión formal del terreno el 13 de junio, los funcionarios buscaron ponerse en contacto con ella para ofrecerle dinero y que firme la renuncia del terreno, con el objetivo de darle un marco legal al acuerdo de venta con el comprador.
Silvana mencionó además que desde la Asesoría Jurídica le indicaron que la “meterían presa” si decide entrar al terreno en el que vivía.
“Si vos entrás, no vas a poder salir del país, no vas a poder viajar más, no vas a poder hablar a tu papá, no vas a poder hacer nada”, contó.
Tras el desalojo, Silvana decidió alquilar una habitación.
