Desde la Municipalidad de Asunción confirmaron que existen funcionarios municipales que realizan “aprietes” semanales a comerciantes de la capital. Por medio de intervenciones y cobros irregulares, estos funcionarios logran embolsarse desde G. 3 millones hasta G. 200 millones, según informaron autoridades desde el Municipio.
Los funcionarios corresponden a distintas direcciones de la Municipalidad y realizan estas operaciones inclusive en pleno proceso de intervención, según documentos expuestos a Última Hora.
“Se van a visitar los comercios grandes (...) En este momento dicen: ‘Tranquilo nomás, en un mes ya se van. Vamos a seguir nosotros cobrando como de siempre’, imagínese”, dijo un funcionario a partir de testimonios y documentos irregulares que dan prueba de estas reprobables prácticas.
El esquema de recaudación, de acuerdo con uno de los funcionarios consultados, contempla negociaciones con contribuyentes que reducen drásticamente el monto de tributo real, a cambio de pagos paralelos.
“Yo negocio con el contribuyente; si tiene G. 50 millones, bueno, entonces G. 5 millones va a tributar, G. 10 millones para los funcionarios. Entonces, G. 35 millones ya queda fuera (...). De esa manera le van haciendo los cobros”, contó.
“Así funcionan las cajas paralelas. Esto se estaba registrando a lo largo de estos años”, añadió.
Adelantó que próximamente se elevará esta denuncia de manera oficial y expuso, entretanto, la manera en que se falsean las actas de intervención para realizar los cobros irregulares. Explicó que un acta debe contar con una leyenda en la parte inferior que indique al contribuyente todas las informaciones establecidas dentro de la ordenanza tributaria.
A la hora de realizar los aprietes, sin embargo, los funcionarios municipales manejan actas “apócrifas”. “El acta apócrifo puede tener las mismas numeraciones, pero no tiene la leyenda. ¿Por qué? Porque eso ya es un uso exclusivo para estas cajas paralelas”.
Los funcionarios inclusive firman recibos de dinero de manera descarada, aseguró el funcionario consultado por este diario. “Hasta ese punto llegan al nivel de descaro. Ya no son conscientes de la situación. A mí me da pena ver cómo se exponen, porque ellos no tienen idea a qué se exponen”, lamentó.
El acta originalmente debe usarse para iniciar procesos administrativos relacionados a los contribuyentes, pero ahora se utiliza además como un instrumento de “apriete”, según expresó.
Confirmó por otro lado que las denuncias realizadas por el concejal Juan José Arnold, sobre apriete a comerciantes a cargo de funcionarios, son verídicas.
Práctica expandida
Apuntó a que los cobros ilegales se dan en supermercados, estaciones de servicio, minimarket, inclusive shoppings. “Nosotros hacemos todo lo que sea prestación de servicio, fumigación, eso cobramos, por la prestación. ¿Qué hacen los compañeros? Se van, labran acta por esa prestación. Nosotros no podemos cobrarles si es que no prestamos ese servicio”, explicó.
Contó que inclusive hay funcionarios que registran datos de empresas con decenas de miles de metros cuadrados como si solo tuvieran una fracción de su superficie real. “(A una empresa) inmensamente grande, le labraron acta solamente por 2.000 metros cuadrados. Y tiene (realmente) 27.000 metros cuadrados”, detalló.
Astilleros y pagos irregulares
El concejal Álvaro Grau aseguró que ayer, durante la reunión de la Comisión de Hacienda, representantes de astilleros informaron sobre pagos irregulares que no condicen con las dimensiones que ocupan. Esto sugiere otro esquema de recaudación paralela.
“Ahí tenemos, entre astilleros, amarraderos, que por 10.000 metros cuadrados están pagando G. 27 millones. Y hay otro que está pagando por 5.000 metros cuadrados G. 800 millones. ¿Cómo es que mágicamente de una cosa a la otra salta tanta diferencia?”, cuestionó.
“Y ahí es donde vemos, cómo modifican esas cosas. Y seguramente ese es el mecanismo (...) que deben estar aplicando en todo tipo de comercio”, añadió, y expresó que pese a que la Municipalidad está quebrada, “hay, sin embargo, funcionarios que se han hecho ricos y hay una cofradía que ha sobrevivido y gozado de buena salud en varias administraciones”.
El edil Javier Pintos, por su parte, explicó que desde el jueves pasado se realizan reuniones con empresarios para verificar sus documentaciones, tanto patente comercial como licencia y permiso de uso.
Contó que en la última reunión se contó con la presencia de la representante de una estación de servicio, quien mencionó “que inspectores de salubridad y otros suelen visitar constantemente a las estaciones de servicio, como dando a entender que venían con otros propósitos”.
Pintos también informó que existen casos de empresas de astilleros que operan en la costa del río Paraguay con permisos de uso vencidos y solicitudes de renovación de permisos de uso denegados.
