Funcionarios de la Dirección de Catastro y de Asesoría Jurídica fueron señalados como parte de un esquema de corrupción que convirtió el patrimonio público en un negocio privado. Esto según una fuente interna de la Municipalidad de Asunción.
El esquema consiste en amedrentar a antiguos ocupantes de terrenos municipales por medio de notificaciones emitidas irregularmente por la Asesoría Jurídica. De este modo se presiona a los ocupantes a desprenderse de sus lotes, que luego son vendidos a compradores de alto poder adquisitivo sin que esto represente beneficio para las arcas del Municipio.
Los interesados pagan por las tierras y realizan acuerdos con los funcionarios municipales para desalojar a los antiguos ocupantes.
Los funcionarios, motivados por el pago a cambio de las gestiones, reciben el dinero por parte del comprador y ofrecen un contrato de compraventa del terreno.
Las tierras municipales, según explicó la fuente consultada por Última Hora, son “destinadas para gente humilde, como dice la ordenanza 33/95. Caso contrario, la Municipalidad tiene la potestad de vender, pero a precio de mercado y no embolsillar como hizo este grupo delictivo. Nosotros no sabemos a qué precio se vende”, aseguró.
La situación afecta a terrenos en barrios como Mburucuyá, Mbocayaty y Loma Pytã. La magnitud del problema es alarmante, puesto que hay unos 3.600 terrenos municipales ocupados y catastrados, con un trasfondo de morosidad del 80% en los terrenos.
“Amedrentan a los que viven por la zona del colegio Santa Ana, La Piedad, esos son lugares que la gente adinerada quiere comprar (...), zonas de alto valor inmobiliario. (...) Un terreno municipal que no tiene título estará en 500 millones en la zona de Mbocayaty”, dijo el funcionario.
Subrayó que los ocupantes de estas tierras, en este caso víctimas del esquema delictivo, suelen ser herederos de personas que viven en el lugar hace más de 50 años. Los compradores aprovechan esta situación para adquirir estos terrenos de forma irregular.
“Ellos (los ocupantes) dicen: ‘Yo no tengo plata, ¿a dónde me voy a ir?’ Entonces, vendo. Y ahí aparece el comprador”.
El funcionario admitió que sí es necesario cobrar a los ocupantes, pero que esto no debería devenir en una situación de apriete.
“Que se les cobre, pero que se les dé plazos, y no amedrentarle y decir que presenten sus papeles en 24 horas. Ahí arman el negociado”, afirmó.
Dependencias señaladas. La fuente respondió que están involucrados en este esquema los funcionarios de la Dirección de Catastro. “Es una dirección muy corrupta”, dijo.
Este problema se agrava aún más atendiendo a que los ocupantes de los terrenos municipales tampoco tienen alternativas viables para regularizar su situación. Desde los departamentos de Topografía y de Bienes Inmobiliarios (que dependen de Catastro) se piden coimas para gestionar los documentos presentados por los interesados.
“Ellos te piden plata para hacer el informe, pero no tendría que ser así. No tendrías que pagar. Vos hacés tu mesa de entrada, pagás el arancel y sube a Catastro y te dicen: ‘No, no hay vehículo, no hay nada’, y te piden la plata para el combustible”.
Agregó que los trámites de dicha Dirección quedan meses frenados en la Junta Municipal, hasta que la gente, cansada, desiste.
Reiteró que es la Asesoría Jurídica la principal responsable, puesto que de aquí se emite un dictamen que luego es aprobado por los concejales de la Junta Municipal.
“Tienen la palabra mayor, ellos accionan con la ordenanza en mano. Los de la Asesoría Jurídica son los que deciden enviar el informe a la Junta, porque la Junta es la que aprueba o no que se le venda (el terreno) a una persona”, precisó el funcionario.
El procedimiento regular debería empezar en mesa de entrada de la Dirección de Catastro, luego en el Área Social, que revisa la calidad y condición de la vivienda. Posteriormente, el documento debe pasar por la Asesoría Jurídica y por último en la Junta Municipal. En la práctica, aseguró la fuente, este circuito no se respeta.
El funcionario sostuvo que la única salida a esta situación sería una auditoría pública, aunque admitió que bajo la actual administración “todos terminarán defendiéndose”.
Consultado sobre esta denuncia, el director interino de la Asesoría Jurídica en la intervención, el abogado Jorge Cantero, respondió que “hay algo” sobre la situación que involucra a los funcionarios de Catastro entre las denuncias que presentó el interventor. “Los detalles serán socializados cuando el informe tome estado público”, dijo.
El ex interventor, Carlos Pereira, respondió por su parte que “en el informe está lo que hizo”, refiriéndose a las denuncias penales.
3.600 terrenos municipales están ocupados y catastrados en Asunción, según la fuente consultada por ÚH.
