La fiscalas Irma Llano y Silvana Otazú realizaron dos allanamientos simultáneos este miércoles, luego de la detención de Gustavo Benítez Cabral, paraguayo, y Carlos Chumpitaz, de nacionalidad peruana, quienes serían los presuntos responsables del esquema de vulneración del programa social Pytyvõ, destinado a la ayuda de los trabajadores afectados por la pandemia del coronavirus (Covid-19).
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Uno de los allanamientos se realizó en una empresa de venta de automotores vinculada al ciudadano peruano, donde existen también varias oficinas ligadas a la causa, en tanto que todavía no se tienen mayores datos de la segunda constitución fiscal.
‘’Por el momento no se ha confirmado la participación de otras personas. Fueron realizadas aproximadamente 7.000 transacciones, de las cuales se aprobaron casi 700 y se habla de un perjuicio patrimonial de más o menos G. 350.000.000, de los cuales tengo entendido que se pudo revertir G. 175.000.000’’, expresó la fiscala al término del procedimiento.
Presuntamente, los responsables utilizaban datos del programa social Pytyvõ, que eran hackeados, para realizar transacciones a nombre de beneficiarios, bajo la modalidad de Tarjeta Cédula.
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El Ministerio de Hacienda cuenta con el listado de las personas que fueron afectadas por el fraude, pero no se dieron más detalles de si el dinero será repuesto a los afectados.
En el caso de Pytyvõ, ya se había detectado el cobro irregular por parte de 24 funcionarios públicos, 10 aportantes del Instituto de Previsión Social (IPS), además de nueve personas que residen en el exterior, mientras que en el programa Ñangareko hubo 121 funcionarios públicos que accedieron al pago.
